Denuncian al responsable de una inmobiliaria de Sabadell por presunta estafa y apropiación indebida

A día de hoy son cuatro las familias afectadas que han denunciado al administrador ante el juez, si bien aseguran que hay otras perjudicadas que se han encontrado en la misma situación que ellas pero que aún no han presentado querella. Los casos son diferentes entre sí, por lo que se han presentado denuncias por separado. Los afectados señalan que todos ellos ha perdido dinero o ha tenido que poner de su bolsillo para acabar unas obras no finalizadas o con acabados decalidad inferior a la acordada.

El administrador, Francesc Prat, ha explicado en una atención a la ACN que en ninguno de los cuatro casos se ha lucrado a título personal, justificando que desde hace tres generaciones se dedican al sector inmobiliario en Sabadell, bajo la forma Jardí Park y con tres oficinas en la ciudad, o sociedades como Doing Big Commerce SL, a través de las cuales hacían las gestiones con los denunciantes. Tras la crisis económica de finales de los años 2000, buscaron nuevas vías de negocio, una de ellas en el sector hotelero, con la gestión de una decena de establecimientos en Cataluña y Baleares.

“Son cuatro casos concretos donde quizás no nos hemos entendido, nuestra gestión es humilde, somos honestos”, asegura Prat. Destaca que parte de su negocio se centra en la reforma de viviendas, con una veintena de operaciones anuales, pero que gestiones como las que han hecho y que han acabado en el juzgado, con trabajos en casas unifamiliares, no las repetirán por los problemas con los que se han encontrado.

El Ayuntamiento, por su parte, es conocedor de los casos. Fuentes municipales han explicado a la ACN que próximamente se reunirán con los afectados, y dado que se trata de un tema que ya está judicializado no pueden adelantar detalles de los datos que puedan tener al respecto.

Llaves en mano

La familia de la Sandra Espejo compró una casa a cuatro vientos en Castellar del Vallès que se encontraba a medio hacer, con el pretexto de que se la entregarían llaves en mano por 240.000 euros. El contrato incluía una cláusula de 100 euros a cobrar por cada día que excediera el plazo de entrega, y una vez formalizado el contrato y vendido el piso donde vivía, pronto vio como las obras no avanzaban y que el administrador pedía más aportaciones de dinero.

“Seguía pagando, pero los trabajos no avanzaban”, explica Espejo. Los obreros le dijeron que el administrador no les pagaba como motivo para no seguir con el trabajo, y un vecino la alertó de que había gente visitando la casa como compradores, por lo que terminó cambiando la cerradura y poniendo una alarma. Enseñar la vivienda, según Prat, es habitual para mostrar a otros clientes los acabados de obra que se pueden llevar a cabo en otros proyectos.

Espejo decidió cerrar el grifo al ver que las obras no avanzaban y que las cualidades no se ajustaban a lo contratado, y Prat respondió con una denuncia por impago de 30.000 euros. La abogada de Espejo asegura que en la hoja de gastos que entregó Prat aparecían conceptos erróneos e incluso con material y electrodomésticos que la familia había pagado de su bolsillo, motivo por el que reclamó una corrección: “Todo lo que pedíamos justificar desaparecía en el nuevo listado e inflaban otras partidas”, apunta, lo que dejaba el presupuesto en importe similar al anterior.

La abogada de Espejo presentó una reclamación civil como respuesta a la denuncia de Prat, cuantificando el sobrecoste que asumió la familia de 60.000 euros, y finalmente este jueves se celebrará una vista en los juzgados de Sabadell para abordar el embargo de este importe, en el que declararán otros afectados. El juicio se ha señalado para octubre de 2025. Prat asegura que todas las partidas estaban bien detalladas en el presupuesto y que incluso renunció a los beneficios que le correspondían para ajustar el importe: “Dejo de ganar dinero”.

Sin piso y con la cuenta embargada

Don Carles Termes y su familia decidieron vender su piso para mudarse a una casa en el barrio de Gràcia de Sabadell, que Prat gestionaba para su venta. “Vendieron mi piso en un mes”, señala, apuntando que Prat retuvo unos 86.000 euros de la transacción para comenzar los trabajos en la casa. El primer problema lo encontraron cuando una vez ya vendido, Prat les aseguró que en la nueva casa habían entrado: “Ahora sabemos que cuando lo compramos ya estaban”, asegura Termes.

El segundo surgió cuando la entidad que de entrada les había asegurado que la operación por la nueva hipoteca podría sacar adelante se la negó, y eso inició un periplo por diferentes entidades, donde ninguna de ellas les querían conceder el préstamo. El tercero surgió meses después, cuando Termes recibió una notificación conforme debía abonar los importes con recargo de la licencia de obras, que según contrato habría tenido que asumir Prat, lo que les hace sospechar que alguna previa la habría recibido él y no habría hecho los trámites que requería la administración pública.

“En el contrato que habíamos firmado ponía que la licencia la pagaba él, pero resulta que nos hizo firmar conforme yo era el titular de la licencia y me reclamaban 10.000 euros como titular”, lamenta Termes, que relata que le embargaron las cuentas. La cuarta situación que vivieron la detectaron también más tarde, dado que inicialmente les dieron un contrato para leerlo en casa que aseguran que posteriormente Prat alteró retirando un párrafo muy concreto: “Resulta que si no obteníamos la hipoteca, renunciábamos a todo el dinero que habíamos pagado, cuando eso no lo firma ni lo más ruego, cuando nos leyó él el contrato este párrafo lo omitió, y nosotros firmamos conforme estaba como el que nos había dado él”.

Prat, sin embargo, asegura que Termes sabía que la casa, hoy en día tapiada, estaba ocupada cuando hicieron los trámites, que él pagó el 10% del importe total al constructor, y que al final de toda la operación fallida fue el propietario de la casa quien se quedó con unos 25.000 euros de las arres. Sobre el contrato, defiende que es posible que el documento sobre el que trabajaron fuera estándar, y que en el momento de la firma final puede haber cambios, pero que todas las partes estaban al corriente. Termes ha denunciado Prat por estafa y cuantifica en 86.000 euros el dinero perdido.

Una conversión parada

El Eduard Gómez y la Pepi del Bas querían vender la casa de dos plantas y parking que tenían en el barrio de Ca n’Oriac, y contrataron a Prat para hacer una división horizontal y segregar los dos pisos como independientes, otorgándole poderes para gestionar, entre otras, las cédulas de habitabilidad correspondientes. El primer piso se vendió con la cédula original, pero para la segunda había que hacer reformas para ajustarse a ley.

Un comprador ya había entregado a Prat como depositario una suma de 35.000 euros en concepto de arrestos penitenciales, una garantía para el comprador para que en caso de que no se entregue el domicilio en el tiempo acordado se devuelva ese dinero por duplicado. El plazo venció y, según los demandantes, Prat justificó que había invertido el dinero de las arres en los trabajos realizados para acondicionar el edificio.

Fuentes de su representación legal han detallado a la ACN que Prat sólo podía actuar como depositario, y que como no se pudo entregar el piso al comprador, estaba obligado a devolver el dinero que había entregado como garantía de compra. “Hemos sido nosotros quienes hemos tenido que asumir las arres que este comprador entregó, unos 35.000 euros”, explica Pepi del Bas, importe al que hay que sumar 15.000 más de penalización en lugar de los 35.000 de más que deberían haber sido tras abordar la situación con el comprador.

Los demandantes han enviado dos burofax sin respuesta, y explican que han tenido que hacer el trabajo que ha quedado colgado: “Hemos tenido que contratar a un arquitecto y pedir los permisos de obras nosotros, todo lo que por contrato tenía que hacer él”, lamenta la afectada. Prat atribuye la situación a un “problema burocrático” ajeno a su voluntad, y asegura que gastos como la división de los dos inmuebles la asumió él, mientras defiende que podía usar las arres para pagar las obras necesarias. Por todo ello, lo han denunciado por estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Una casa a medio hacer

Jordi Alba contrató a Prat para levantar una casa en un solar del barrio sabadellense de Sol y Padrís que daba por dos viviendas. “Dimos 60.000 euros de entrada pero los trabajos avanzaban a ritmo de tortuga, porque con nuestro dinero levantaban nuestra casa y la de al lado, que todavía no tenía comprador”, relata Alba. Los industriales, además, le trasladaron en más de una ocasión que no cobraban y les pinchaban a ellos para que reclamaran a Prat que les pagara por seguir trabajando.

Como medida de presión, le cambiaron la cerradura a Alba, y tuvo que asumir por su cuenta parte de la obra, como la piscina, entrando la maquinaria por la casa de al lado. El afectado pidió hacer un peritaje para validar, una vez se encontraban en el tramo final de la construcción, aquellas cosas que no encajaban con el proyecto, y encontraron desajustes en el grueso del techo, los aislamientos o el modelo de parquet.

Cuando comunicaron a Prat que dejarían de trabajar con él, les emitieron una certificación técnica poniendo elementos que todavía no estaban, con un 97% finalizado que no era real: “Podemos justificar que los hemos pagado nosotros con facturas posteriores a cesarlos”, asegura. Prat admite problemas con el contratista, pero defiende que la familia está viviendo en la casa que acordaron, y que si pudieron adelantar los trabajos a través de la casa adyacente fue por su permisividad.

Por todo ello, han denunciado Prat por defectos de construcción, con agravios como malos acabados en el jardín para salvar el desnivel que debería haberse solucionado antes de construir la casa, parqués levantados, electrodomésticos que no se adecuan a lo acordado o la mala ejecución de las paredes, tejados y fachada. Calculan que los perjuicios económicos superan los 129.000 euros, al margen de los personales, dado que tuvieron que coger la baja por ansiedad, unos daños morales por los que también reclaman unos 8.000 euros.