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La activista de 82 años Blanca Serra ha entrado a declarar este lunes ante la Fiscalía de Memoria Democrática de Barcelona con la intención de que su caso abra la puerta a investigar y reparar nuevos casos de malos tratos policiales durante el franquismo y la transición democrática. Serra, acompañada de entidades y activistas, se ha mostrado decidida a explicar su caso y espera que sirva para avanzar en memoria democrática, teniendo en cuenta que es la primera vez que una torturada como ella llega a declarar a fiscalía. Blanca Serra y su hermana Eva, ya fallecida, sufrieron malos tratos físicos y psíquicos en febrero de 1977, en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el régimen dictatorial.
Irídia, Òmnium y otras entidades memorialistas apoyan a Serra, y ante la Ciudad de la Justicia le han acompañado otros activistas y miembros de la ANC. Antes de entrar a declarar, Serra ha dicho que no confía mucho en que su caso salga adelante, pero espera que sirva para otros casos y para reconvertir la comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria. “Es intolerable que se piense que podamos compartir edificio entre torturadores y torturados en pisos diferentes”, ha dicho. “Hay muchas cosas que no han cambiado en 50 años, pero espero abrir el tema, que se siga hablando de eso y que la juventud tenga en cuenta lo que ha pasado, está pasando y lo que pasará”, ha concluido.
La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha agradecido a Serra su “valentía, perseverancia y convicción”, al igual que el resto de represaliados por la dictadura que “hace décadas que luchan y reclamando justicia”. Franquesa ha considerado histórico este día, porque por primera vez declara en sede judicial a una persona torturada en la comisaría de Via Laietana. “La justicia llega muy tarde, porque muchos represaliados ya no están”, ha lamentado, pero ha añadido que quieren que esta declaración “sea la primera de muchas, queda mucho trabajo por hacer, no se ha acabado”.
En todo caso, ha asegurado que lo que pasó en la comisaría de Via Laietana “son crímenes contra la humanidad, no prescriben, son crímenes que se deben investigar, juzgar y condenar en una democracia plena”. En este sentido, ha añadido que el edificio debe ser un “lugar de memoria sin presencia policial y gestionado por organizaciones memorialistas”.
Xavier Antich, presidente de Òmnium, ha dicho que en el caso de Blanca Serra se ha aprovechado una “grieta” para llevar a la justicia “crímenes que no prescriben”, tras “dos intentos muy serios bloqueados por los tribunales en los últimos años”. Para Antich, es importante que se empiece a hablar de la reparación de las víctimas del franquismo en sede judicial, después de 50 años “que el Estado intenta sepultar en el olvido y la desmemoria”. Por ello, ha agradecido la “perseverancia” de las hermanas Serra. Para Antich, el único objetivo ahora mismo es “seguir trabajando hasta el final, para la reparación de la memoria de miles de represaliados“. “Hay que seguir presionando contra la impunidad de la dictadura y la transición, no pedimos nada que no hayan hecho otros países que han salido de una dictadura: memoria, verdad, justicia y reparación“.
La denuncia, presentada en la fiscalía en noviembre pasado, incluía cuatro detenciones entre 1977 y 1982 en las que supuestamente se practicó tortura. Sin embargo, sólo la detención y torturas de febrero de 1977, perpetradas por miembros de la Brigada Político-Social en las dependencias de la Prefectura de Via Laietana, queda dentro del período cubierto por la ley de memoria democrática, en cuanto a la responsabilidad institucional de garantizar el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición.
El decreto de incoación se fundamenta en la obligación establecida por la ley de memoria democrática de “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios éstos que son pilares del derecho internacional de los derechos humanos” y que se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva establecido por la Constitución. Asimismo, el decreto analiza la concurrencia en este caso concreto de los requisitos objetivos, temporales y contextuales que se exigen para la aplicación de la ley de memoria democrática: que se trate de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario; que los hechos se hayan producido con ocasión del golpe de estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución española el 29 de diciembre de 1978; y que éstos hayan sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos.
El ministerio fiscal, en actuaciones anteriores, ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no debe ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso. Sin embargo, en dos denuncias judiciales previas, que tenían el apoyo de la fiscalía, los juzgados archivaron los casos al considerar que estaban prescritos o amparados por la ley de amnistía.
En noviembre, Blanca Serra, la única de las dos hermanas que sigue viva, explicó públicamente que los hechos denunciados están relacionados con cuatro detenciones que sufrieron la víctima y su hermana entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente) en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana y en la Dirección General de Seguridad (DGS) de Madrid. Apuntó que la doble condición de “catalanistas y mujeres” las convirtieron en la “diana perfecta”.
“Estas detenciones pasaron siempre a su casa, lo que significa que estaban vigiladas, y siempre fueron conducidas, en primer lugar, a la prefectura de Via Laietana 43“, indicó la abogada Sònia Olivella. Añadió que en tres de estos arrestos la Policía Nacional trasladó a Blanca Serra al edificio de la Dirección General de Policía de Madrid.
“La tortura es cuando piensas que puedes morir”
En su intervención, Blanca Serra destacó que su caso es posterior a la muerte de Franco y que se enmarca en la aplicación de la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales. De hecho, relató que en tres de las detenciones se le aplicó esta ley. Dijo que, incluso, en el último arresto, que fue por “ultraje a la unidad de la nación española para exhibir una pancarta independentista“, tuvo que ingresar un mes en la cárcel de La Trinidad, donde la mantuvieron incomunicada “para que no contagiara al resto de reclusas”.
Además, subrayó que la represión sufrida tuvo un componente específico por razón de género: “Yo he tenido dos condiciones que son elementos claves: una es la catalanidad y la otra la condición de mujer”, y añadió que “cuando el poder se sitúa más allá de los márgenes de la ley, la condición de la catalanidad y los cuerpos de las mujeres se convierten en una diana perfecta para la demostración de la fuerza y la violencia del Estado”.
También relató algunas de las situaciones cruentas que sufrió, como cuando le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que le impedía respirar: “Llegas a pensar, bien ahora es posible que me muera, y además sola, porque insistían mucho en la idea de que morirías sola porque nadie se recordaría de ti”. También le golpearon en la planta del pie con una porra: “Nunca me había imaginado que eso podía hacer tanto daño”, comentó el activista antifranquista, que apuntó que en uno de estos episodios le rompieron varios dedos del pie.
