En la tercera sesión del juicio por el ‘caso de las antenas’ de Badalona, un representante sindical de la Guardia Urbana ha asegurado que en una reunión mantenida en 2013 con Xavier Garcia Albiol para tratar varias cuestiones tuvo la sensación de que el edil no tenía conocimiento de que entre julio y octubre del año anterior se habían instalado dos antenas de telefonía en las instalaciones de la Guardia Urbana en el Turó d’en Caritg.
“Yo creo que le sorprendió el tema y que no tenía conocimiento”, ha asegurado a preguntas de la fiscalía. También ha recordado que la preocupación entre los agentes era por si las radiaciones eran perjudiciales para la salud y que en todo momento “dieron por hecho” que se habían instalado legalmente.
En una sesión con una decena de testigos y que ha rozado las cinco horas, el jefe de la Guardia Urbana de Badalona en el año 2012 ha explicado que fue el entonces concejal Miguel Jurado quien le dijo, sin darle más explicaciones, que se instalaría una antena de telefonía en las instalaciones del cuerpo por una “urgencia”.
Ha recordado que la instalación de las antenas levantó las quejas de los agentes del cuerpo, por los efectos de las radiaciones, y de los vecinos más cercanos por el ruido del grupo electrógeno que las alimentaba. Ante este escenario, con el visto bueno de Jurado, prohibió que los técnicos de las operadoras pudieran acceder a las instalaciones del Turó d’en Caritg.
También ha señalado que su interlocutor habitual era Miguel Ángel Sánchez, que era quien siempre acompañaba a los equipos técnicos de Vodafone y Movistar, y que alguna vez también habló con Tomás Vizcaíno, el entonces gerente de la empresa municipal ENGESTUR.
Tanto él como los diferentes representantes sindicales del cuerpo que han declarado en esta tercera edición han dejado claro que en las reuniones donde se trató la cuestión la principal preocupación fue los efectos sobre la salud de las radiaciones y que en ningún momento se habló de si las antenas tenían o no las licencias correspondientes.
A su vez, Miguel Ángel Sánchez, al que durante el juicio se le ha señalado como el intermediario entre el consistorio y las operadoras, ha asegurado que su empresa fue contratada en 2011 para hacer una auditoría sobre el mapa de antenas de la ciudad y que posteriormente también se encargó de facilitar el acceso de los técnicos de Vodafone y Movistar a las instalaciones de la Guardia Urbana en la colina.
Dejando claro en todo momento que él siempre dio por hecho que la instalación de las dos antenas se hizo respetando la normativa y con todos los permisos y licencias necesarios, ha reconocido que recibió correos de las compañías con propuestas de convenio de regularización que siempre envió a Vizcaíno.
También ha explicado que cuando en 2013 supo que las antenas no estaban regularizadas se lo comentó a Xavier Salvà que le dijo que “no era competencia ni asunto suyo”.
