El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a “dejar atrás las diferencias” y renovar “lo antes posible” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el año 2017. Según él, hay que actualizarlo con la inclusión de nuevas violencias, como la digital, la económica o la vicaria. Sánchez lo ha dicho durante un acto celebrado en el Teatro Pavón de Madrid con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el acto, Sánchez ha hecho valer la Ley Integral de Violencia de género en su vigésimo aniversario y ha destacado que es una norma que fue “pionera”. En paralelo, ha denunciado que por primera vez en muchos años “el consenso generalizado” sobre la violencia de género se cuestiona.
“Conquistas que creemos asentadas son cuestionadas sin vergüenza por la extrema derecha”, ha lamentado. Así, ha denunciado la “involución” y la “desinformación” y ha defendido levantar la voz y combatir el discurso “con determinación”. También ha dicho que cada mujer muerta en manos de la pareja o la expareja y cada mujer que sufre la violencia de género en múltiples formas es “una derrota para la democracia”.
El jefe del ejecutivo español también ha puesto sobre la mesa que hacen falta más recursos en prevención y protección para las mujeres así como más recursos para perseguir y castigar a los maltratadores con medidas en el ámbito judicial.
Para el gobierno español, ha dicho, la lucha contra la violencia de género es una prioridad. “La sociedad nos pide que no apartemos la mirada”, ha apuntado. El presidente del gobierno español se ha mostrado convencido de que España seguirá siendo “un referente”.
En esta línea, ha dicho, por ejemplo, que hay que avanzar y poner sobre la mesa más recursos y mejorar la rapidez y alcance de medios útiles como el sistema VioGen, que ya llega a más de 100.000 mujeres, 1.200 adolescentes y 1.700 niños.
Sobre los recursos para perseguir a los maltratadores, ha defendido la creación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales o mejorando el acceso a la justicia con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
