Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han empezado a presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional que habían anunciado contra la ley de amnistía. Madrid y Aragón los han registrado este lunes, y el gobierno del País Valenciano acordará su presentación esta tarde.
Además del gobierno de Cantabria, también lo ha registrado ya el Parlamento de esta comunidad, mientras que el gobierno de La Rioja presentará su recurso el martes.
Los recursos van acompañados de la petición de recusación de varios magistrados progresistas a los que el PP vincula con el PSOE para intentar volcar la mayoría.
El plazo de presentación de los recursos expira el próximo miércoles, 11 de septiembre.
La ofensiva de las comunidades del PP sigue la pauta que marcó el pasado jueves el propio Partido Popular, cuando registró un recurso de inconstitucionalidad que quedará en manos del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, de carácter conservador.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que su gobierno actúa “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”.
La batalla de las recusaciones
El pleno del Tribunal Constitucional iniciará este martes el debate sobre la amnistía.
Tiene sobre la mesa la admisión a trámite –que previsiblemente prosperará- de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo por la no aplicación de la ley de amnistía sobre un caso de desórdenes públicos en Girona.
El debate del recurso del PP no empezará hasta el pleno del 24 de septiembre.
También debatirá por primera vez sobre las recusaciones y abstenciones.
El recurso del PP y de la Comunidad de Madrid va acompañado de una petición de recusación de tres de los 12 magistrados del TC: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, la exdirectora general de la Moncloa Laura Díez y el exministro Juan Carlos Campo.
Todos por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”.
La semana pasada Campo (que se había manifestado contrario a la amnistía) ya pidió apartarse de las deliberaciones por su papel como exministro socialista. Una decisión que debe ratificar el pleno del Tribunal Constitucional de esta semana y que deja la mayoría progresista con solo un voto de ventaja frente a los conservadores, seis votos a cinco.
El PP pretende apartar de la discusión a dos magistrados más, lo que volcaría la mayoría a favor de los conservadores, pero fuentes del TC ya apuntaron la semana pasada que aprovecharán un precedente creado por el sector conservador en 2021 –por no aceptar recusaciones contra la sentencia del procés- para evitar que se aprueben estas peticiones.
Entre seis meses y un año
Fuentes del TC apuntaron la semana pasada que la resolución de la cuestión de fondo de la ley de amnistía se resolverá en un plazo de entre seis meses y un año. Los recursos de amparo se resolverán mediante una sentencia unificada, mientras que los recursos presentados por el PP y las comunidades autónomas y las cuestiones de inconstitucionalidad tendrán cada uno su respectiva sentencia.
