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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación contra Luis ‘Alvise’ Pérez por la presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones europeas de junio pasado de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF). El magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral, además de otro por financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido en metálico 100.000 del empresario Álvaro Romillo para pagar la campaña de SALF. En el escrito, Calama afirma que hay “indicios sólidos” de responsabilidad penal del eurodiputado. El juez instructor de la Audiencia Nacional también pide investigar junto con Alvise al empresario que habría financiado la campaña.
El líder de SALF es eurodiputado en el Parlamento Europeo y, por tanto, es aforado, motivo por el que es el Tribunal Supremo quien lo puede imputar, y no el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. Según la resolución, Calama solicita también la imputación de Romillo tras apreciar una “íntima conexión en el modus operandi entre ambos”. “Son conductas que constituyen la cara y la cruz de una misma moneda”, dice el juez.
Calama afirma que la investigación ha evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear un “monedero virtual” con el objetivo de obtener donaciones anónimas que quedaran “fuera de cualquier control público”. Las donaciones estaban, además de los 100.000 euros entregados en metálico por Romillo, estaban destinadas a cubrir los gastos de la campaña electoral de las elecciones europeas celebradas el 9 de junio pasado, cuando SALF consiguió irrumpir dentro de la Eurocámara con tres escaños.
Precisamente, esta misma semana el grupo de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la Eurocámara, los Conservadores y Reformistas por Europa (ECR), ha aceptado la incorporación de dos eurodiputados de SALF, pero ha rechazado la entrada de Alvise a la espera de que se “resuelvan” sus casos pendientes con la justicia. SALF había solicitado entrar en el grupo de ultraderecha en julio pasado y se había mantenido a los no inscritos dentro de la cámara europea.
