Las cárceles de Cataluña han vivido en los últimos años un incremento significativo en la cantidad de teléfonos móviles requisados. Según los datos facilitados por el Departamento de Justicia, el número de dispositivos incautados ha aumentado notablemente, llegando a los 874 teléfonos intervenidos en 2023 y a los 859 en 2024, una cifra muy superior a los 358 terminales incautados en 2018. Este crecimiento refleja un problema creciente dentro de los centros penitenciarios, donde la demanda de móviles se ha disparado.
El motivo principal de este fenómeno es la necesidad de los internos de mantenerse conectados con el mundo exterior. Los móviles se han convertido en una herramienta muy valiosa en el interior de las cárceles, no sólo como medio de comunicación, sino también como dispositivo para coordinar actividades ilícitas y continuar operando las redes criminales fuera de la cárcel.
Los terminales requisados en las cárceles catalanas son sencillos, conocidos como “móviles de prisión”. Estos dispositivos, pequeños y con funciones básicas como las llamadas, tienen un precio muy bajo en la calle, pero en el interior pueden multiplicar hasta diez veces más su valor.
Sin embargo, en los últimos años también se ha detectado un aumento de teléfonos inteligentes dentro de las cárceles. Estos dispositivos, con capacidad para hacer videollamadas y conectarse a internet, son mucho más valiosos y permiten a los internos coordinarse de manera más eficaz. Los teléfonos inteligentes han ganado un valor elevado en el interior de las cárceles, aumentando la dificultad de las autoridades para interceptarlos.
A pesar de las intervenciones, los funcionarios de prisiones reconocen que esta lucha es desigual. El tráfico de móviles se ha convertido en un negocio lucrativo para algunas redes criminales que operan dentro de las cárceles. Según fuentes penitenciarias, los móviles no solo se utilizan para mantener contacto con el exterior, sino que también son instrumentos fundamentales para coordinar actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión a otros internos e incluso por incumplir órdenes judiciales de protección, como las que prohíben la comunicación con las víctimas.
Aunque las confiscaciones de móviles en 2024 han sido ligeramente inferiores a las de 2023, la tendencia general continúa reflejando una clara fragilidad dentro de las cárceles. Los sindicatos alertan de que, además de poner más controles, hay que revisar las estrategias para detectar estos dispositivos dentro de los centros penitenciarios.
