La primera reunión técnica del grupo de trabajo mixto sobre seguridad penitenciaria entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores de prisiones ha acabado con muy pocas concreciones y un emplazamiento de aquí a dos semanas. Según los sindicatos, el encuentro ha sido “decepcionante”, y consideran que los cargos directivos de Justicia son conscientes de que no tienen presupuesto aprobado para este 2024 y que se acaba la legislatura muy pronto. Justicia, según los sindicatos, ha propuesto una comisión parlamentaria sobre los aerosoles, un aumento de plantilla y una nueva instrucción sobre seguridad.
A la reunión han asistido todas las formaciones sindicales con representación: UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC e Intersindical. ACAIP fue excluida de los encuentros porque no tiene representación oficial en las mesas laborales. Por su parte, CSIF ha hecho una intervención con sus propuestas y se ha marchado.
Según el Departamento de Justicia, el objetivo de la reunión ha sido constituir la composición del grupo de trabajo y acordar la metodología de trabajo para avanzar en el consenso de las medidas actuales y de futuro para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios catalanes. Tras una breve exposición de cada una de las partes, la administración ha presentado una serie de propuestas que deberán desarrollarse y trabajar conjuntamente en el seno del grupo de trabajo. El Departamento hace una valoración positiva del encuentro, ya que considera que se mantiene el diálogo abierto y hay un espacio de trabajo constituido para trabajar sobre propuestas concretas sobre la mesa.
Según IAC-CATAC, Justicia ha propuesto crear una comisión en el Parlament para estudiar el uso de los sprays de seguridad, un incremento de plantilla adicional de 120 funcionarios de interior y 54 de tratamiento, y más pulsadores de seguridad. Además, el departamento ha anunciado una instrucción nueva de medidas de seguridad extrema y modificar los destinos laborales.
En un comunicado, el sindicato CSIF ha explicado que tras explicar sus propuestas, ha abandonado la reunión. Según el sindicato, la reunión del martes pasado fue “decepcionante” porque el Departamento no hizo ninguna autocrítica ni destituyó más cargos. “Los ceses no se pueden limitar al director de Mas D’Enric, que ha sido utilizado como una especie de cortafuegos. La asunción de responsabilidades también debe recaer sobre los máximos responsables de la Consejería y estos ceses deben ser aplicados a algunos directores de centros, especialmente al de Cuatro Caminos, ya que su actitud y ‘chulería’ no pueden esconder la nefasta gestión del centro”.
Mientras esto no ocurra, el sindicato asegura que no se sentará a negociar nada porque “no tiene ningún sentido negociar con responsables políticos que probablemente ya no estarán en el departamento en pocas semanas. Además, con presupuestos prorrogados, por lo que los recursos disponibles son muy limitados para este tipo de negociaciones”. Desde CSIF creen que la administración se ha sentado a negociar para evitar las movilizaciones que los funcionarios tienen programadas durante la campaña electoral.
Desde CSIF defienden que “hace falta una revisión seria y cuidadosa de la situación actual del sistema penitenciario catalán y eso se tiene que hacer con alguien que verdaderamente crea en el colectivo. Ni la consejera Ubasart ni el señor Calderò tienen ninguna credibilidad y menos a raíz de su actuación en esta crisis nunca vivida en una prisión catalana ni del Estado”. “Queremos que las urnas hablen para hacer un cambio vital, para poder encauzar una situación lamentable a la que nos han llevado ellos. Cuando desde CSIF veamos que han cambiado las circunstancias volveremos para colaborar y participar activamente tal y como venimos haciendo hasta ahora”, concluye el comunicado.
El sindicato ha presentado a la reunión cuatro propuestas que consideran de aplicación inmediata. La primera es la destitución de Domingo Estepa, director del centro penitenciario de Quatre Camins, por “su gestión negligente y con graves repercusiones en la seguridad de los trabajadores y la población reclusa, tal como se evidenció con el controvertido protocolo aplicado al DAE, que resultó con cinco compañeros que requirieron asistencia médica tras una agresión por parte de un interno con múltiples reincidencias. Además, cabe destacar que el incidente fue más prolongado debido a la irresponsabilidad y la falta de profesionalidad del director”.
También reclaman la manifestación pública por parte de la consejera Ubasart en apoyo del reconocimiento como agentes de la autoridad por los funcionarios de prisiones, y la implementación de los aerosoles de acción adecuada como medio coercitivo, conforme al Reglamento Penitenciario, tras superar todas las pruebas sanitarias y de seguridad.
Por último, exigen la prohibición del acceso a los centros penitenciarios a asociaciones como OSPDH, SIRECOVI e Irídia, que “manifiestan abiertamente animadversión hacia los trabajadores penitenciarios”. “Entendemos que estas asociaciones, junto con la CUP y con la colaboración del Gobierno de la Generalitat, han contribuido a un sentimiento de impunidad que afecta a una parte de la población reclusa y genera un entorno cada vez más violento y hostil”.
Al mismo tiempo, el sindicato ha hecho diez propuestas más que se deben trabajar, como el suministro de la medicación diluida para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad dentro de los centros penitenciarios, a pesar de los informes contrarios emitidos por el ICS. “Pedimos que esta medida se aplique únicamente a los internos que utilizan la medicación como medio de extorsión y de tráfico dentro del centro”, dice el sindicato.
También proponen la creación de un centro para primeros grados destinado a internos manifiestamente inadaptados al régimen ordinario que hayan cometido repetidas agresiones contra funcionarios y otros internos, con el objetivo de separarlos de los demás internos. La implementación de protocolos de seguridad para internos de este perfil, incluyendo la salida de la celda con esposas durante todo el periodo de su inadaptación, es otra propuesta, así como el traslado inmediato a otros centros de los internos de este perfil, una vez hayan cometido un incidente de agresión.
Igualmente, exigen el cumplimiento de la Ley Orgánica Penitenciaria y del Reglamento en cuanto a las sanciones, sin acceso a televisión durante el tiempo de la sanción. En caso de que el interno no quiera asistir a actividades de tratamiento y considerando su peligrosidad, eliminar el tratamiento y las actividades en común para internos agresores con múltiples reincidencias.
También piden la eliminación de todas las circulares que pongan en peligro la seguridad y la autoridad de los funcionarios, y las que dificulten las tareas de gestión de incidentes como las órdenes de servicio orientadas a la contención cero.
El sindicato quiere que haya un grupo especial de intervención en todos los centros, formado por profesionales del ámbito penitenciario con conocimientos de defensa personal y larga experiencia en gestión de incidentes, que realizará tareas de apoyo a los módulos hasta que sea necesaria su activación por urgencia. Asimismo, quieren la adquisición de nuevo equipamiento para los miembros de los equipos de intervención, que sea más versátil, menos pesada y más ligera.
Además, quieren establecer filtros rígidos en la selección de internos destinados a tareas de cocinas y otros departamentos donde haya un riesgo mayor por el uso de herramientas. Por último, quieren la dotación de pulsadores de seguridad para todos los profesionales que no dispongan de radiotransmisores.
