El juzgado de lo social 22 de Barcelona ha estimado una solicitada interpuesta por una mujer de 62 años afectada por VIH desde 1989 a quien el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó en 2021 el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente. Ahora, el juzgado da la razón al Colectivo Ronda, representante de la demandante. La Seguridad Social, siguiendo el mismo criterio que el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), denegó el reconocimiento al considerar que el alcance de las lesiones sufridas no era tributario de una incapacidad permanente al no afectar la aptitud de la enferma para desarrollar con normalidad una actividad laboral retribuida. Ahora, el juzgado obliga al INSS a reconocer la incapacidad en grado de absoluta.
La resolución fundamenta la decisión en el contenido del informe aportado por el médico forense, al que otorga gran valor probatorio por su “objetividad, imparcialidad y especialización en la materia”. En este informe, el especialista destaca la limitación de la paciente para realizar cualquier tipo de actividad de la que se espera un rendimiento como consecuencia, principalmente, del cuadro psiquiátrico y las afectaciones a nivel emocional, intelectual, físico y social de las enfermedades y lesiones sufridas.
El abogado del Colectivo Ronda, Álex Tisminetzky, ha lamentado que la Seguridad Social había actuado una vez más “contra todo criterio razonable” a la hora de valorar cuál es la afectación real sobre la capacidad laboral de lesiones y enfermedades, denegando “injustificadamente” solicitudes bien fundamentadas y acompañadas de informes médicos detallados y rigurosos. Ha añadido que detrás hay un criterio “estrictamente economicista” pero también ha alertado de que hay un aumento de los casos que tienen que ver con la denegación de prestaciones o revisión de grados de personas afectadas por VIH de larga duración. Estas personas sufren los efectos de haberse sometido durante décadas a tratamientos farmacológicos muy agresivos, mucho más de los que lo son los actuales. Estos provocan, tal y como el abogado recuerda que está demostrado científicamente, un envejecimiento precoz del organismo, con especial incidencia sobre el sistema inmune.
El mismo despacho de abogados defiende el caso de un hombre de 60 años también afectado por VIH de larga duración y a quien la Seguridad Social retiró la prestación por incapacidad permanente que tenía reconocida desde 1996.
El abogado ha criticado también que en el caso de la mujer se demorara la resolución por el hecho de que se tuvo que solicitar un nuevo informe médico forense. después de que el INSS argumentara que los niveles toxicológicos presentes en el organismo de la afectada no estaban relacionados con los tratamientos farmacológicos seguidos durante más de 30 años sino con un consumo de estupefacientes previo al diagnóstico de 1989. “Es ofensivo e inhumano”, ha apuntado.
