El juzgado de primera instancia 35 de Barcelona ha aceptado a trámite la demanda colectiva interpuesta por el Sindicato de Inquilinos contra InmoCriteria para reclamarle 231.000 euros porque consideran que se ha cobrado el IBI “ilegalmente” a 61 familias en huelga de alquileres. Son familias de Sitges, Banyoles y Sentmenat de promociones de vivienda protegida que desde abril no pagan la renta a la entidad bancaria sino que la acumulan en un depósito común como forma de protesta y herramienta para que la empresa propietaria se siente a negociar. En estos dos meses de huelga han retenido 60.165,68 euros. Las familias reclaman detener el proceso de privatización de los pisos protegidos y que pasen a manos del Indec para que sean públicos y protegidos siempre.
También reclaman la retirada de las cláusulas “abusivas”, incluida la que carga el IBI a los inquilinos, la parada de los desahucios y los procedimientos judiciales, la eliminación de “sobreprecios” impuestos y que se haga responsable del mantenimiento de los edificios.
Los vecinos y el sindicato piden una negociación y reiteran la voluntad de pago “cuando se dan las condiciones”. Aseguran sin embargo, que la entidad financiera ha respondido con “represalias”, ya que los inquilinos han recibido comunicaciones del departamento de morosidad “amenazándolos”.
Ante esta situación, el Sindicato y los vecinos han respondido con la presentación de una demanda colectiva en la que se reclaman 231.035,06 euros “cobrados indebidamente en concepto de IBI”. Por un lado, se pide que la cláusula que repercute el IBI a los inquilinos sea considerada una condición general de contratación en todos los contratos de alquiler de InmoCriteria en Cataluña y que sea declarada nula porque consideran que vulnera la normativa aplicable a la vivienda de protección oficial, de manera que afectaría a todos los inquilinos que viven en viviendas protegidas de esta propiedad.
Por otro lado, se reclama que se devuelvan con intereses las cantidades cobradas indebidamente de manera particular a cada una de las personas denunciantes que se han adherido a la demanda -unos 3.700 euros de media cada uno-, todas afiliadas al sindicato.
La demanda se ha iniciado con la reclamación de los inquilinos huelguistas, pero el sindicato la abre a los inquilinos de hasta 1.850 viviendas con contrato vigente con InmoCritèria en Cataluña, a quienes el sindicato ya ha informado e invitado a sumarse. Si lo hicieran, la organización calcula que se llegaría a unos 10 millones de euros a reclamar.
El Sindicato ha destacado que la combinación de las cláusulas y la reclamación de cantidades particular de cada persona adherida a la demanda es un elemento “innovador” de este caso presentando junto con Era Cooperativa.
Por último, ha destacado que los ayuntamientos de las promociones en huelga han aprobado mociones municipales apoyando las reivindicaciones de los huelguistas y pidiendo que los pisos pasen a manos del Ayuntamiento.
