Los Mossos d’Esquadra han desmantelado una organización criminal que actuaba bajo la apariencia de una empresa legal para realizar desempleos extrajudiciales. Se han detenido a 16 personas y se investigan 11 más. Antiokupa Tarraco había actuado en más de 60 puntos de Cataluña con medios coactivos y violentos para expulsar a los inquilinos de los domicilios a cambio de recibir diferentes cantidades de dinero por parte de los propietarios. Los arrestados actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por motivo de origen, raza o etnia, y eran especialmente violentos y expeditivos contra personas de determinado origen. Dos de los arrestados ya han entrado en prisión provisional comunicada y sin fianza, según ha informado este domingo el TSJC.
Los 16 detenidos tienen entre 27 y 59 años de edad. Cinco de ellos acumulan diversos antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o salud pública. Los arrestos se produjeron el miércoles 15 de mayo con registros y entradas a domicilios de L’Hospitalet de l’Infant, Salou y Reus. Otras personas fueron detenidas en Sant Joan Despí, Rubí, Mataró o Barcelona. La investigación se ha desarrollado durante ocho meses bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus. Ocho de los arrestados ya han pasado a disposición judicial en las últimas horas y el magistrado ha acordado prisión provisional para dos de ellos (A. G. S. y J. M. S.) y libertad provisional para los seis restantes.
La causa está abierta por los delitos de lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas, contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, descubrimiento y revelación de secreto, falsificación de documento público, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.
Un bufete de abogados para dar apariencia de legalidad
La empresa investigada utilizaba la cobertura de un despacho de abogados para dar apariencia de legalidad a sus actuaciones. De hecho, el propietario de este bufete de abogados era socio de la empresa junto con el detenido como líder la organización, según han detallado los Mossos d’Esquadra. En paralelo, algunos de los clientes participaban activamente de las acciones, eran conocedores de los métodos empleados y se convirtieron en colaboradores necesarios de la organización.
La policía decomisó dos armas de fuego, varias armas prohibidas, terminales de telefonía móvil, documentación en formato físico y digital, así como elevadas cantidades de dinero en efectivo y en cuentas corrientes, y material con simbología de la empresa.
De llamadas telefónicas a horas intempestivas a asaltos violentos
Los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento el pasado mes de septiembre de varios incidentes relacionados con Antiokupa Tarraco. Las primeras gestiones permitieron identificar la forma de actuar de una organización jerarquizada que, recibiendo dinero a cambio y con el objetivo de expulsar a personas de sus domicilios, de manera continuada vulneraba los derechos de los inquilinos. Entre las víctimas había familias en situaciones diversas, algunas eran ocupantes en situación de vulnerabilidad económica, y otras tenían contratos de alquiler vigentes.
Las acciones de la organización criminal se iban expandiendo con los meses y, en paralelo, el número y la gravedad de los hechos. La empresa, bajo la apariencia de ofrecer a sus clientes un servicio de mediación para desocupar inquilinos de los inmuebles, cometía extorsiones, daños, y acosos con violencia hasta conseguir los objetivos por los que habían sido contratados por sus clientes. Si no se conseguía el desempleo de manera voluntaria, las acciones escalaban con visitas y amenazas telefónicas, pasaban a llamadas repetitivas en horario nocturno, coacciones a través del corte de los suministros básicos del hogar, o daños y desperfectos en los inmuebles.
Si tampoco se conseguía el objetivo, los miembros de la organización criminal provocaban daños graves en los inmuebles, interponían denuncias falsas a diversos organismos públicos, hacían robos con fuerza en el interior de las viviendas, e incluso, robos violentos con lesiones graves a los inquilinos, en presencia de menores. Las víctimas tenían una sensación de desprotección y ansiedad que, en varios casos, ha acabado con necesidad de atención psicológica.
La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
