Los centros escolares catalanes empiezan un nuevo curso con los teléfonos en busca y captura. La nueva normativa sobre los smartphones que fijó el Departamento de Educación en enero de este año se empezará a aplicar desde este 9 de septiembre y muchos centros han tenido que adaptarse. Aunque ya había escuelas e institutos bastante estrictos con estos dispositivos.
Este nuevo marco establece una regulación muy restrictiva en la primaria y deja la puerta abierta a usos muy excepcionales en la ESO. En el caso de la primaria, ningún alumno podrá utilizarlo en ningún espacio escolar, incluidos los comedores, los pasillos o la hora del patio. Si estos son necesarios para alguna actividad, es el propio centro quien debe poner a disposición de los alumnos los dispositivos tecnológicos. El apagón telefónico va más allá de los patios y se extiende a colonias, viajes, bibliotecas, laboratorios o el gimnasio.
Si nos centramos en la secundaria, la norma sigue aplicando una censura casi total a los teléfonos, pero abre la puerta a algún uso esporádico. Aunque el marco regulador decreta que tendrán las mismas restricciones para sacarlo en cualquier espacio del centro, estipula un uso excepcional circunscrito a la tarea educativa. En el caso del bachillerato, la prohibición se mantiene únicamente en las aulas.
Las restricciones, a debate
La norma ha generado muchos adeptos entre el profesorado y los padres, pero también algunos detractores que ven absurdos ciertos aspectos del documento. “Se hizo la normativa porque hubo mucha presión social. Prohibir no lleva a ningún lugar. Lo más fácil es dar la culpa a la tecnología, cuando el problema es el uso que se le da y el contexto alrededor”, afirma la Mercè Gisbert, catedrática de Tecnología Educativa en la Universidad Rovira i Virgili. Ella es una de las opositoras al nuevo marco y asegura que “las adicciones vienen de la prohibición”.
Gibsert es crítica con la manera en que se toman decisiones en el mundo educativo y pide más rigor. “En el ámbito científico, no tenemos evidencias para darle la culpa o no a la tecnología. Con la medicina se testea mucho antes de implementar un medicamento. En cambio, en la educación parece que no hace falta”, subrayó. Además, duda del verdadero impacto que puede tener la medida, ya que fuera de los centros no hay limitaciones y muchas veces los padres “utilizan los teléfonos indiscriminadamente”.
Por otro lado, Verónica Urgell, sindicalista de CCOO y maestra de educación especial en primaria, afirma que “en general todo el mundo está de acuerdo con la prohibición” y que “no ha sido un tema que haya generado mucho debate en los claustros”. A su juicio, los dispositivos generan a los alumnos una mayor distracción, pero también reconoce que a primaria se le da poco uso. Francisco Carbonell, maestro de música en Segur de Calafell, también destaca que “son una fuente de conflictos”.
En un punto intermedio se encuentra Jordi Satorra, director del Instituto Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, que duda del alcance de la medida sin la ayuda desde fuera de las aulas. “El problema no es la cosa, sino el uso que hacemos. Por eso hace falta una regulación también en casa, tenemos que saber qué harán las familias“, reflexiona.
Satorra es franco con la experiencia de los teléfonos en el aula y cree que hasta ahora se le quitaba “un rendimiento pedagógico muy mínimo”. Tal y como recalca, “los móviles entendidos como los gestionan ellos, en un 95% no tiene nada que ver ni en habilidades tecnológicas ni en rendimiento académico, sino en factores de distorsión. Poner un ordenador o un móvil en el aula no nos hace tecnológicamente mejores, hace falta un plan detrás”. Al mismo tiempo, reconoce que es complicado encontrar un equilibrio entre utilizar el teléfono en un momento concreto y hacer un uso abusivo. Por este motivo, se ha tenido que tomar “la vía más tajante”.
Un plan pedagógico
Si nos centramos en el caso del Martí Franquès, el instituto ha decidido restringir el uso pedagógico de los teléfonos también a primero y segundo de la ESO, incorporándolo a partir de estos cursos de manera puntual. Por el contrario, Satorra saca pecho de su Plan Pedagógico de Herramientas Digitales sin necesitar los smartphones. “Nuestra apuesta es que los alumnos sean altamente competentes en el ámbito digital, pero eso no pasa porque tengan el teléfono permanentemente a la mano”, puntualiza.
En el centro tarraconense han ampliado una nueva aula de informática y tienen una manera de trabajar con la tecnología muy pautada. Durante dos semanas al trimestre, los alumnos pueden llevar los portátiles y concentran el peso pedagógico con herramientas informáticas en ese espacio de tiempo. Además, intentan que estos contenidos estén repartidos en las diferentes materias para abordarlo de manera transversal.
Aparte de la iniciativa, también hacen una evaluación diagnóstica interna en tercero de la ESO para saber en qué punto se encuentran. Por ejemplo, el año pasado no consiguieron pasarla, pero hace dos años sí. “Piensas que el 90% de los alumnos son digitales porque tienen un móvil, pero cuando les haces hacer acciones concretas te das cuenta de que solo el 50% son capaces de hacerlo bien“, explica.
La punta del iceberg
Aunque hay algunos proyectos que intentan profundizar en la digitalización de los alumnos, Mercè Gisbert cree que con los fondos Next Generation “hemos perdido una oportunidad de oro”, ya que no se han aprovechado suficiente. La catedrática de la URV alerta de que la gente “debe ser competente digital” y que nadie está hablando de lo que llaman “brecha cognitiva”. Es decir, ser capaz o no de utilizar la tecnología para crear más conocimiento.
Gisbert critica el discurso negativo que se ha instalado en torno a la tecnología y cree que no existe una “planificación orientada a que aprendan con una herramienta digital”. Por ejemplo, pone sobre la mesa el caso del Chat GPT, que ha creado alarma escolar. “El reto son las preguntas que le haces al Chat GPT, no las respuestas. Lo importante es el criterio para saber si lo que te contesta es adecuado o no. Por eso, tenemos que cambiar el modo de evaluación“, reflexiona.
La catedrática estadounidense considera que la normativa “no es ni la punta del iceberg” y afirma que generalmente el profesorado “no está preparado”. Según apunta, durante la pandemia había alrededor de un 48-54% de docentes competentes digitalmente, que luego pasó a un 60-64%. “Algunos están incluso satisfechos de ser tecnofóbicos porque el sistema lo permite”, remarca molesta. Gisbert explica que ha batallado con el Departamento que el nivel de competencia digital intermedio sea un requisito para incorporarse al sistema público, pero no lo ha conseguido.
En cuanto a ejemplos a seguir, muestra algunos casos como las radios escolares, la digitalización de bibliotecas o hacer uso del móvil para realizar itinerarios históricos o patrimoniales. Además, destaca un proyecto de una escuela española en el que el objetivo era diseñar una app de móvil para resolver un problema concreto. Una iniciativa que ve interesante porque requiere conocer el funcionamiento de estos dispositivos para darle forma a la aplicación.
