Recta final de la negociación.
PSC y ERC encaran los últimos días de las conversaciones para cerrar un acuerdo que sirva para investir al candidato socialista, Salvador Illa.
El calendario viene marcado por el acto equivalente del Parlament, que fijó el 26 de agosto como fecha límite para investir a un nuevo presidente de la Generalitat, pero también por el plazo que situó a ERC para cerrar un acuerdo: el 31 de julio.
La carpeta de una nueva financiación para Cataluña centra las negociaciones, y la semana que viene se podría formalizar el preacuerdo.
La última palabra la tendrán las bases republicanas, que deben avalar o rechazar el pacto.
Si la militancia de ERC da la luz verde al posible acuerdo, el pleno de investidura podría celebrarse entre el 5 y el 8 de agosto.
Semana decisiva
Si a finales de este fin de semana se cerrara ya un preacuerdo entre PSC y ERC, los republicanos podrían presentarlo a la ejecutiva del lunes 29 de julio. En este hipotético caso se estarían cumpliendo los plazos exigidos por el partido que lidera Marta Rovira, activa en las negociaciones sobre todo desde su regreso del exilio.
El mismo lunes ERC podría convocar una asamblea de urgencia y telemática para exponer el acuerdo, y entre martes y miércoles se trasladaría el pacto a las asambleas territoriales.
De acuerdo con el calendario, el jueves 1 de agosto la militancia de ERC podría votar el pacto en la consulta telemática, y los resultados se podrían hacer públicos la misma noche o bien al día siguiente, 2 de agosto.
Si, en cambio, este fin de semana acaba sin un preacuerdo entre socialistas y republicanos, el calendario se movería.
Se estaría ya fuera de los plazos fijados por ERC, y es por ello que en Calabria insisten en que los próximos días serán decisivos.
Discreción en el PSC y optimismo en el PSOE
El PSC se ha impuesto la más absoluta discreción para afrontar estos días decisivos y, en público, se han centrado en recetar calma, no adelantar acontecimientos y asegurar que las negociaciones se regirán por “la humildad y la generosidad” por parte de los socialistas.
En cambio, quien no esconde su optimismo es el PSOE.
Este mismo jueves la portavoz del gobierno español y ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguraba en una entrevista en RTVE que era “optimista” con el resultado de las conversaciones entre socialistas y ERC y confiaba en que en Cataluña se pueda abrir “una nueva etapa”.
El mismo día Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, afirmaba en declaraciones a los medios que las conversaciones entre los dos partidos están “avanzando”.
Investidura antes del 14 de agosto
Si la militancia de ERC avalase un pacto con el PSC para investir a Illa, el debate de investidura podría fijarse para antes del puente del 15 de agosto.
El candidato socialista debería mostrar a Rull su voluntad de presentarse a una investidura.
El presidente del Parlamento debería hacer la ronda de consultas (se puede hacer telefónicamente), y podría convocar la Diputación Permanente.
Este órgano es el que debe votar y aprobar la convocatoria del pleno de investidura.
Si se cumplen los plazos que fijó ERC -para cerrar un pacto antes de acabar julio-, el pleno de investidura de Illa podría celebrarse entre el 5 y el 8 de agosto.
Cabe recordar que el presidente del Parlament, Josep Rull, propuso que del 8 al 18 de agosto los grupos pactasen hacer vacaciones, pero la Mesa decidió que la institución podría activarse por una sesión de investidura en la primera quincena del mes.
Una nueva financiación y la condonación del FLA
Hoy por hoy, la necesidad de mejorar el sistema de financiación de Cataluña está centrando las conversaciones entre el PSC y ERC.
Este también era uno de los puntos que contemplaba el acuerdo para la investidura de Sánchez.
La propuesta de los socialistas es seguir desplegando el Estatuto de Autonomía.
El PSC propone, concretamente, que se preste atención al artículo 204 del Estatuto, que permite que se cree un consorcio tributario paritario con participación del Estado y de la Generalitat.
Según el PSC, este es el mecanismo que permitiría recaudar todos los impuestos “conjuntamente”.
En cambio, ERC insiste en que Cataluña debe tener “la llave de la caja”, y pasar a recaudar la totalidad de los impuestos y tributos, en un régimen nuevo, aparte del que tengan el resto de autonomías.
Además, la propuesta impulsada por la consejera de Economía en funciones, Ángel Mas -de acuerdo con el encargo del presidente, Pere Aragonès-, incluye que Cataluña devuelva al Estado una parte de la recaudación por los servicios que Madrid presta, así como un mecanismo de “solidaridad” entre territorios, para que Hacienda pueda financiar otras autonomías deficitarias.
En las reuniones de los últimos días, los republicanos han insistido en que un hipotético pacto con el PSC debe especificar las fechas y la forma de la ejecución de cada parte del acuerdo.
Otra de las cuestiones pendientes es la condonación de 15.000 millones de euros (MEUR) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un 20% del total.
Este era uno de los pactos que los dos partidos firmaron en noviembre de 2023 en el marco de la investidura, pero que aún no se ha hecho efectivo.
En una rueda de prensa el lunes, la consellera Mas aseguró que la cancelación se producirá “durante los próximos meses”.
De hecho, la propia consejera insistió en que el Gobierno no veía “tan relevante” la fecha como “la garantía” de que se acabe cumpliendo.
Una semana con cumplimientos de acuerdos pendientes
Aunque tanto el Gobierno de la Generalitat como el ejecutivo español han insistido en que “no se debe mezclar” las negociaciones para la investidura con la relación entre gobiernos, la parte republicana ha advertido de que para llegar a nuevos acuerdos hay que cumplir los anteriores.
Por eso ERC insiste en que, primero, es necesario que los socialistas garanticen que se cumplirá la “carpeta cero”, que son todos los compromisos que adquirió el PSOE para poder investir a Pedro Sánchez.
Los socialistas han querido poner hilo a la aguja en este ámbito y una buena muestra de ello se ha visto esta semana con el cumplimiento de varios acuerdos pendientes.
Es el caso de Cercanías. El lunes los dos gobiernos acordaron la transferencia de 1.057,9 millones de euros (MEUR) para la mejora y el traspaso del servicio.
El propio Gobierno afirmó que con este gesto se pone “el contador a cero” en las deudas pendientes al servicio ferroviario.
El mismo día, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad pactó el traspaso anual de 2 MEUR para la gestión de las becas para la universidad y el gobierno español se comprometió a pagar los atrasos de los últimos tres cursos académicos. Hacía casi tres décadas que esta cuestión estaba en negociaciones y era uno de los acuerdos que se incluyeron en el pacto de investidura.
También se acordó la transferencia anual de 150 MEUR a la Generalidad para un fondo de investigación.
Dos días después los dos ejecutivos oficializaron la firma del convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital en un acto presidido por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que aprovecharon para reunirse durante cerca de una hora en el Palau de la Generalitat. Este traspaso era un movimiento muy esperado por parte del Gobierno y del tercer sector social catalán, que denunciaban que los trámites para conseguir esta prestación y la Renta Garantizada de Ciudadanía eran “un infierno burocrático”.
Las reuniones de las próximas horas y días serán decisivas para cerrar un acuerdo entre PSC y ERC que puede servir para catapultar a Illa a la presidencia de la Generalitat y, como consecuencia, evitar que Cataluña tenga que repetir las elecciones por primera vez en la historia.
