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Un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat ha determinado que si el proyecto del Hard Rock no se materializara, los inversores podrían reclamar hasta 50.000.000 euros. La polémica ha rodeado a esta macroinversión desde la publicación de su idea y el Gobierno de Cataluña se encuentra entre dos fuegos, ya que debe cumplir con las exigencias de los Comunes y ERC para denegar su construcción.
Tal y como han informado desde El País, el informe elaborado hace un año alerta de que las indemnizaciones podrían alcanzar cantidades muy considerables. “El resultado estimado del coste de la responsabilidad patrimonial, según las hipótesis establecidas, se encontraría entre los 37’4 y los 50 millones de euros“.
Las reclamaciones de los inversores podrían superar fácilmente los 40.000.000 de euros
El informe elaborado durante la legislatura de Pere Aragonés por el Departamento de Economía estimó que la “responsabilidad patrimonial” de la Generalitat podría significar dos reclamaciones en caso de que no se autorice la explotación del macrocasino. Los inversores consiguieron la licencia gracias a los 10 millones de euros de aval y un depósito de 2,5 millones de euros al Instituto Catalán del Suelo. Por ello, podrían pedir una reclamación por “daño emergente”, pérdidas por la inversión ya realizada, y otra por “lucro cesante”, cantidad que dejarían de ganar los inversores en cuestión de beneficios.
Estas reclamaciones podrían ser una realidad en el caso en que sea el propio Gobierno quien anule la autorización del casino o si no aprueba el Plan Director Urbanístico. Por estas medidas, los inversores podrían reclamar 21 millones de euros por “daño emergente”.
Las cifras podrían crecer si se han realizado nuevas acciones por parte del operador en el último año
Por otro lugar, la posible reclamación por “lucro cesante” podría significar un coste de entre 8 y 18 millones de euros, aunque ésta la consideran la menos probable. “El operador (Hard Rock) todavía no ha ejecutado la compra de los terrenos, pero sí ha realizado el desembolso completo del capital social requerido. Se puede considerar que ha generado un flujo de inversión encaminado a la obtención de beneficios cuando inicie la actividad”. De esta forma, la cantidad que podrían reclamar correspondería a los beneficios que no obtendrán por la inversión de un 11% realizada hasta este momento.
Por si no fuera suficiente, los costes derivados de los juicios también podrían ser reclamados y según el informe, estos podrían significar entre 7’8 y 10,4 millones de euros. Igualmente, estos datos presentados hace un año podrían crecer “si el operador ha comenzado a realizar acciones para la ejecución concreta del Proyecto”, lo que agrava aún más el conflicto de intereses del Gobierno con la construcción del Hard Rock.
