El Parlamento da el primer paso para reformar el reglamento y regular el voto de los diputados en el exilio

La tramitación exprés se ha aprobado con los votos de los cinco grupos impulsores. El PPC y Vox han votado en contra y Alianza Catalana se ha abstenido.

Tras las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que han tumbado tanto el voto delegado como el telemático para los diputados en el exilio, la reforma del reglamento pretende blindar el voto a distancia y que tanto Puigdemont como Puig puedan votar.

Concretamente, se quiere añadir como supuesto para delegar el voto “situaciones excepcionales debidamente justificadas a criterio de la Mesa”. Y también se añade que podrán utilizar la delegación los diputados que se encuentran en causas incluidas en la ley de amnistía.

En cuanto a la adscripción de los diputados a los grupos, la propuesta de reforma permite que, dentro de los cinco primeros días de cada periodo de sesiones, un diputado pueda cambiar de adscripción aunque los grupos ya estén constituidos. Se trata de un sistema similar al del Congreso. Permitiría que algún grupo parlamentario cediera diputados a la CUP para conformar grupo propio y que, después, regresaran a la formación original. Así pues, los 4 diputados anticapitalistas abandonarían el grupo mixto que comparten con los 2 de Alianza Catalana.

Finalmente, la propuesta también quiere modificar las mayorías necesarias para la aprobación de las declaraciones institucionales del Parlamento. Ahora hace falta unanimidad y se propone que sea suficiente el voto favorable de la presidencia de la cámara y una mayoría cualificada de dos tercios de la Junta de Portavoces.

Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias

El PPC ya ha anunciado que llevará la reforma al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y Vox quiere añadirse al escrito de los populares porque no pueden hacerlo solos. Y es que para pedir dictamen al órgano consultivo se necesitan una décima parte de los diputados o dos grupos parlamentarios. Tienen dos días pedir la opinión al CGE, que deberá emitir dictamen no vinculante en un máximo de una semana. Los grupos tienen hasta las 15.30 horas para presentar enmiendas y se prevé que la reforma se pueda aprobar de manera definitiva en el pleno del Parlamento del 25 de julio.