En nuestras comarcas hay 43 municipios con el alquiler de viviendas tensionadas según el Gobierno de la Generalitat. Es decir, que para muchas personas les es imposible pagar el alquiler que se pide.
En los últimos 10 años los alquileres han subido de media un 78%, mientras que la media de los salarios reales, descontando la inflación, lo han hecho un 2,9% en Cataluña.
En 2024 la juventud catalana debe destinar más del 100% del salario neto a pagar el alquiler si quieren emancipar solos. Y necesitan el sueldo de 4 años y medio (sin gastar ni un euro en nada más) para pagar la entrada de un piso de compra. Además, la edad de emancipación del joven catalán es a los 30 años, cuatro años más que la media europea.
Los migrantes tienen muchas dificultades para alquilar una vivienda. Se les discrimina por el solo hecho de ser de fuera de nuestro país.
En el primer semestre de 2024, las comarcas de Tarragona, son las terceras con más desahucios de España, la primera es Girona y la segunda Barcelona. Por ello, no es extraño que un informe de la Unión Europea sitúe a Cataluña como la región con más problemas de acceso a la vivienda.
En la provincia de Tarragona hubo 466 desahucios durante la primera mitad de 2024. 4 de cada 10 viviendas de la Part Alta de la ciudad de Tarragona son pisos turísticos, que están expulsados vecinos de toda la vida de este barrio.
Según el último estudio del CEO concluye que la primera preocupación de los catalanes y los catalanes es la vivienda. El parque de vivienda pública en Cataluña, apenas llega al 1%, cuando la media de los países de la UE es del 20%.
Es evidente, pues, que aunque la Constitución establece como derecho al acceso a la vivienda, nunca se ha podido garantizar porque se ha tratado la vivienda como una mercancía, como un activo dentro de un mercado donde los más poderosos hacen todo el negocio posible y una parte de la clase media bendita también se ha apuntado. Para acabarlo de asomarse los Gobiernos que son los que deben garantizar el derecho a la vivienda han hecho dejación de su responsabilidad evitando intervenir en el mercado.
Como resultado de todo ello se ha agudizado la desigualdad, se ha acentuado la desesperación del joven que sin vivienda no pueden construir un proyecto de vida, se ha generalizado la expulsión de los vecinos de los barrios de nuestras ciudades debido a la transformación de las viviendas en pisos turísticos, muchas familias con niños no pueden disfrutar de huesos, condiciones…
Ante este panorama desolador, CCOO plantea las siguientes medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda:
1) Se debe ampliar el Parque de vivienda pública con la incorporación de los inmuebles de la SAREB, que deberían gestionarse por los Ayuntamientos que es quienes conocen de cerca las necesidades de su vecindad.
2) Hay que destinar el 50% de las viviendas de nueva promoción a vivienda protegida.
3) Hay que incrementar los presupuestos públicos destinados a la vivienda pasando del 0,1% del PIB actual al 2% del PIB.
4) Se necesitan medidas fiscales para que arrendadores y arrendatarios puedan favorecer un mercado de alquiler social a precios asequibles.
5) Se deben establecer controles administrativos suficientes para evitar que la vivienda de temporada se utilice para burlar la ley de la vivienda.
6) Se debe facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos: jóvenes, migrantes, personas con riesgo de exclusión social.
7) Es necesario un contrato de arrendamiento ordinario con carácter indefinido.
8) Hay que regular el precio del alquiler de manera efectiva y aplicable en todo el territorio.
9) Hay que crear una entidad pública de financiación para la vivienda que facilite la obtención de créditos para acceder a viviendas sociales en régimen de cesión de uso.
10) Crear un fondo de inversión para la vivienda asequible que sirva para canalizar la inversión pública y la privada no especulativa para financiar la construcción de nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.
No hace falta decir que el capitalismo neoliberal continuará con todas sus fuerzas haciendo negocio con la vivienda, por eso CCOO está haciendo una alianza con otras organizaciones sociales, con el fin de presionar a los gobiernos para conseguir que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo, como expresa el mandato constitucional.
