La presión turística que vecinos de Barcelona hace años que denuncian no es exclusiva de la capital catalana. Municipios como Sitges, Cadaqués o comarcas como El Berguedà o La Cerdanya ven como las segundas residencias o la fuerte presencia de viviendas de uso turístico (HUT) encarecen los precios y limitan la oferta por aquellos vecinos que se quieren quedar a vivir.
En algunos de estos municipios es casi imposible alquilar un piso para todo el año. Municipios y entidades buscan soluciones para que los vecinos no se vean expulsados. “Tengo muchos amigos que se han marchado”, lamenta Ivan Prudkin, vecino de Cadaqués, que advierte de que, desde luego, la escuela ha perdido este año a 30 familias.
La proliferación de viviendas turísticas
Tanto Sitges como Cadaqués, son municipios con una fuerte presencia de viviendas turísticas. En la primera hay alrededor de 1.740 licencias, mientras que en la segunda hay un millar. De hecho, en Cadaqués hay unas 3.000 viviendas, de las cuales el 60% son segundas residencias o HUT. Pero más allá de las viviendas registradas para usos turísticos, los dos ayuntamientos admiten que hay quienes actúan al margen de la ley.
Del global de licencias, el Gremio de Hostelería de Sitges asegura que el 85% son pisos que los propietarios utilizan como segunda residencia que temporalmente los ofrecen para uso turístico, “de manera que no se puede pensar que estarían en el mercado residencial si no acogieran turistas“. El representante sectorial del Gremio, Josep Daranas, lamenta que las viviendas turísticas sean “el asno de los golpes” porque, remarca, tienen un papel relevante en la economía local.
La cifra de licencias de HUT en Sitges está estancada desde 2016, cuando el Ayuntamiento anunció una moratoria para aprobar una ordenanza que les limita a un máximo del 9% del total de viviendas del municipio. Daranas defiende que “en ocho años se habría podido resolver el problema de la falta de pisos residenciales” y señala que en el municipio hay cerca de 2.000 viviendas vacías en las que el Ayuntamiento podría actuar para incorporar al mercado de alquiler social.
El gobierno municipal, sin embargo, lo rebate. El concejal de Vivienda, Jaume Monasterio, asegura que en el municipio no hay pisos vacíos porque cualquier propietario “saca provecho”. Monasterio sostiene que el gobierno “no puede hacer más” para equilibrar el turismo y el derecho a encontrar piso. Recalca que Sitges fue pionero en limitar el número de HUT y explica que, en el último mandato, se construyeron 175 pisos de alquiler protegido y ahora prevén construir 480 más.
El regidor pide no culpabilizar a las viviendas turísticas, que considera “importantísimos”, y sitúa el “caballo de batalla” en los que son ilegales. En esta croata, pide más colaboración a la Generalitat porque “a nivel municipal es muy complicado detectarlos y notificar las sanciones”.
Casas del Pirineo abiertas catorce días al año
En las comarcas de montaña, la situación es similar. Las viviendas turísticas y las segundas residencias están dificultando el acceso a la vivienda de los vecinos que quieren vivir en comarcas como La Cerdanya, El Berguedà, El Pallars Sobirà o L’Alt Urgell. Esto ha provocado la aparición, hace un par de meses, de la plataforma Pirineu Viu, que aglutina el trabajo realizado en los últimos dos años por colectivos como los sindicatos de vivienda de El Pallars, La Cerdanya o L’Alt Urgell, o la coordinadora que hay en Andorra.
La plataforma sitúa la gran cantidad de segundas residencias de La Cerdanya, el elevado número de viviendas turísticas que se concentran en el Pallars Sobirà y las viviendas vacías o fuera de mercado que hay en otras zonas como causas del encarecimiento de precios. La entidad ve necesario regular los precios de los alquileres; aplicar fuertes limitaciones a los HUT; penalizar terceras y cuartas residencias, ya que solo están abiertas una media de catorce días al año, y ayudas fiscales a propietarios que recuperen viviendas vacías para incorporarlas al mercado que promuevan alquiler social.
Para el portavoz de Pirineo Vive, Arnau Corberó, “si no se pone freno, el futuro puede ser desgarrador”. Pide una fuerte implicación de las administraciones a todos los niveles y la entidad ya ha convocado una manifestación para el 6 de diciembre en La Seu d’Urgell.
En El Berguedà, municipios como Riudarenes o Riudarenes se encuentran en una situación muy similar, con segundas residencias y pisos destinados a usos turísticos que dificultan que la gente del pueblo se puedan quedar a vivir. Lo reconoce la alcaldesa de Saldes, Dolors Jiménez, que lamenta que entre semana “hay muchos pisos cerrados”. Por ello, hace tiempo que el Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de espacios de titularidad municipal para convertirlos en vivienda destinada a gente que vive y trabaja en el pueblo.
En los últimos años, en Campllon se han arreglado siete viviendas de propiedad municipal. El consistorio quiere seguir en esta línea en 2025 y tiene previsto rehabilitar la antigua escuela del núcleo de Maçaners para hacer entre dos y tres pisos.
De Andorra a L’Alt Urgell
Pirineo Vive también denuncia que el fenómeno de la especulación inmobiliaria en Andorra está provocando que una parte de la población tenga que marcharse del país. Un ejemplo es el Emma Ramos, una andorrana de 31 años que desde hace dieciocho meses vive en Anserall, en Les Valls de Rosanes (Alt Urgell). Antes, alquilaba un piso en el Principado, donde tiene gran parte de la familia y amigos, pero se encontró que un inversor compró todo el edificio y la hizo marchar. “Decir que no puedes vivir en tu país provoca un poco de todo: pena, vergüenza, angustia y mucha frustración”, asegura.
Su trabajo como diseñadora gráfica le permite combinar presencialidad y teletrabajo, pero no le exime de tener que cruzar la frontera cada vez que tiene una reunión o debe visitar a algún cliente. Por este motivo, sigue buscando piso en Andorra, aunque se encuentra con unos precios que doblan lo que paga actualmente.
