Los centros veterinarios y los propietarios de animales domésticos están en pie de guerra. El Gobierno español aprobó el 23 de julio de 2023 el nuevo real decreto 666/2023, que no ha sido de obligado cumplimiento hasta el 2 de enero de 2025, y que ha generado una reacción en cadena de indignación y preocupación. Un decreto que, según veterinarios, genera más gastos y despilfarro a las familias con mascotas, sobrecarga a los veterinarios con más burocracia e impone multas desproporcionadas a los profesionales que van desde los 3.000 euros hasta los 60.000.
Varios veterinarios leridanos, entre ellos el Centro Veterinario Riu Ebre y el Hospital Veterinario de Lleida, bajaron sus persianas el pasado 11 de febrero para protestar por el exceso de burocracia en medicamentos, por las restricciones en su dispensación, el desprecio hacia el criterio clínico, sanciones desproporcionadas y el IVA en los servicios del 21% (el más alto de todos los servicios médicos).; por ejemplo, el IVA sanitario ganadero es del 10%).
Este mismo viernes, 28 de febrero, diferentes centros veterinarios leridanos volverán a cerrar de 12.00 a 16.00 horas en muestra de apoyo a la manifestación que se celebrará en Barcelona. El pasado 2 de febrero también hubo una concentración por la misma protesta. Exigen regulaciones justas con intenciones claras, reducción del IVA y apoyo real para garantizar el bienestar animal y la sostenibilidad de la profesión.
Son muchos los propietarios y propietarias que se han sumado a la iniciativa contra el RD 666/2023, y a través de las redes sociales cuelgan fotografías con sus animales para protestar contra la nueva ley del medicamento.
La realidad de esta ley ha sido un choque para las clínicas veterinarias, ya que el cambio principal que han experimentado es que ya no pueden dispensar medicamentos a la consulta, ni suministrar la dosis exacta, como hacían hasta ahora. Bajo la nueva ley, la venta de medicamentos está restringida únicamente a las farmacias, donde no está permitida la venta de los envases fraccionados.
Si bien el objetivo de esta normativa es la reducción del uso inadecuado de antibióticos, la comunidad veterinaria ha manifestado su profundo malestar con la norma, por diversos motivos:
1) Los veterinarios pueden enfrentar dificultades para actuar conforme a la normativa sin sacrificar la calidad sanitaria.
2) La normativa presenta desafíos burocráticos que podrían retrasar la administración de tratamientos esenciales, colocando a los veterinarios en un dilema ético.
Dificultad para atender animales sin identificar con microchip, afectando protectoras, refugios y colonias felinas.
3) Se enfatiza la presión administrativa y las sanciones excesivas.
4) Se critica la falta de información, diálogo y de previsión por parte de los estamentos responsables. Recalcan que el Reglamento (UE) 2019/6 establece un plazo para la implementación de esta medida en animales que no producen alimentos, por lo que España podría haber aplazado su aplicación hasta 2029. De hecho, el proyecto ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) contempla la recopilación de estos datos sin la intervención directa de los veterinarios.
5) Teniendo en cuenta que el consumo de antibióticos en animales de compañía representa menos del 1% de la producción farmacéutica de antimicrobianos, consideran que la aplicación de esta normativa es desproporcionada y falta de mantenimiento suficiente, no compensando los posibles beneficios, con los perjuicios que está provocando.
6) Costes adicionales en la compra de medicamentos, afectando a la economía familiar.
7) Se incrementa el riesgo de automedicación y de producción de residuos debido a los sobrantes.
Se han llevado a cabo recogidas de firmas, varias movilizaciones y está previsto un cierre simbólico de clínicas veterinarias en protesta por estas medidas, que consideran “excesivas, innecesarias y atentación contra la dignidad profesional veterinaria”.
