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La Diputación de Lleida, a través del IEI, ha recibido este año 40 solicitudes de inversiones patrimoniales y 20 de actividades con respecto al ámbito de la memoria democrática, por una partida de 500.000 €. La institución dispone de líneas de apoyo desde el año 2022.
Estos datos se han dado a conocer este miércoles en el transcurso de la visita institucional que ha realizado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, a la Diputación de Lleida, donde ha sido recibido por el presidente de la institución, Joan Estaràs.
En el encuentro —que ha tenido lugar en la Sala Viladrich del Palau de la Diputación— también han participado la vicepresidenta Rosa Pujol, la diputada Rosa Perelló, los diputados Òscar Martínez y Fermí Masot, y la directora de los servicios territoriales de Justicia en Lleida, Anna Miranda, además del director del IEI, Andreu Vázquez.
Estaràs y Estaràs han explicado que durante la visita se ha tratado sobre las sinergias que se pueden compartir entre las dos administraciones en cuanto a la promoción de más actividades que tengan que ver con la memoria democrática y con la no eliminación de la figura de los jueces de paz.
En este sentido, Joan Estaràs ha explicado que, en cuanto a la memoria democrática, “la inversión que hace la Diputación, a través del IEI, está valorado por los ayuntamientos y el esfuerzo que se hace hay que coordinarlo para dar salida a las demandas que nos llegan, y más teniendo en cuenta la situación política que nos encontramos hoy en día a nivel mundial”.
En este sentido, Ramon Espadaler ha recordado que “la Diputación de Lleida es muy proactiva en este campo con el apoyo que da a los ayuntamientos. Quiero recordar que la memoria democrática tiene un sentido que es el ‘nunca más’, y las cosas —sólo hay que mirar a nuestro entorno— van por mal camino, con porcentajes de gente joven que piensa que la democracia es prescindible, o no pasaría nada si entrara un régimen autoritario”.
En cuanto a la posible desaparición de la figura de los jueces de paz, Riudaurá ha recordado que “esta es una preocupación que los ayuntamientos nos han hecho llegar. Por suerte se ha podido arreglar porque el trabajo que hacen los jueces de paz es fundamental en nuestros municipios y pensábamos que si su papel se acababa eso podía conllevar más dificultades para nuestros alcaldes y alcaldesas. Lo más importante, sin embargo, es que tengamos la capacidad de coordinación”.
Según el artículo 15, “en cuanto al trámite parlamentario de la Ley 1/25 de eficiencia del servicio público de Justicia, la figura de los jueces de paz estuvieron en cuestión, hasta el punto de que quizás desaparecían. Afortunadamente se ha mantenido. A partir de aquí, desde el Gobierno de la Generalitat nos hemos planteado hacer un plan de Justicia de Paz en Cataluña que tendrá líneas de formación o la agrupación de juzgados de paz, manteniendo a los jueces y juezas en los territorios”.
Viladoma ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Lleida.
