Los grupos municipales de Esquerra Republicana y el Comú de Lleida han presentado conjuntamente una serie de preguntas y ruegos a la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad, exigiendo transparencia y control en la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos por parte de la empresa ILNET. Las formaciones denuncian una falta de supervisión por parte del gobierno municipal, así como graves deficiencias en la prestación del servicio.
Tras analizar la memoria de gestión de 2023, se han detectado múltiples irregularidades que ponen en duda la calidad del servicio que se está ofreciendo en la ciudad.
Tanto ERC como el Comú señalan que la información facilitada por ILNET sobre el uso de vehículos, la disponibilidad de personal y la recogida selectiva no se corresponde con la realidad.
Las irregularidades detectadas incluyen vehículos que no están operativos, como camiones de limpieza o barredoras, así como un número insuficiente de brigadas para realizar las tareas asignadas. Además, se constata que la recogida selectiva en los mercados y polígonos industriales, que debería ser una prioridad en términos de sostenibilidad, no se está realizando de manera correcta.
Juan José Falcó, concejal de ERC, subraya la necesidad de una intervención inmediata por parte del gobierno municipal para corregir esta situación.
“No podemos permitir que la empresa concesionaria incumpla el contrato mientras el gobierno se mantiene al margen sin exigir responsabilidades”, ha declarado Falcó.
Según Laura Bergés, concejala del Común de Lleida, “el Ayuntamiento debe ser más riguroso en el control del servicio y del coste que supone, especialmente en un momento en el que se están valorando las necesidades para el nuevo contrato y en el que se debe revisar la tasa de basuras.
No puede ser que estas decisiones de futuro se tomen sobre información poco rigurosa sobre el servicio actual”.
Tanto ERC como el Comú piden que se realicen inspecciones inmediatas para verificar que los servicios se llevan a cabo según el contrato, así como que se inicien procedimientos sancionadores en caso de incumplimiento.
La ciudadanía de Lleida tiene derecho a un servicio de limpieza de calidad, y no a pagar por una gestión deficiente que pone en riesgo los objetivos de sostenibilidad de la ciudad.
