La Paeria de Lleida da marcha atrás y reubicará a los temporeros en el pabellón de la Feria

La semana pasada varios medios leridanos publicaban que el Ayuntamiento de Lleida había firmado un documento con Adif con el fin de ubicar en el antiguo hotel de la estación de Lleida un centro de acogida de cien plazas para personas que vienen a trabajar en la campaña de la fruta. Finalmente, sin embargo, ha habido un cambio de rumbo y la Paeria ha decidido no instalar el albergue para personas temporeras en este antiguo hotel de la estación de Renfe, después de que el párroco jefe, Félix Larrosa, haya suspendido las conversaciones con Adif “por desavenencias”.

Así lo confirmó ayer también la teniente de alcalde, Cristina Morón, en declaraciones a un programa de Lleida TV en el que aseguraba que “el alcalde ha parado las negociaciones porque se han incorporado unas condiciones que no garantizaban la estabilidad del servicio ni que pudiéramos darle continuidad durante todo el verano”.

Así pues, y como ya se ha hecho otros años, el albergue de verano se mantendrá un año más en el pabellón 3 de Fira de Lleida. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, atribuyó la decisión a “desavenencias” con Adif sobre las condiciones de uso.

Este hotel de la estación de trenes cerró el año 2020, primero por la covid, y después porque el titular no pudo atender el pago de la inversión inicial debido a esta interrupción de la actividad. Se denominaba hotel Rambla y durante la pandemia ya fue utilizado durante unos meses por el departamento de Salud para alojar temporeros con covid.

El albergue de invierno finaliza con 280 personas atendidas y 8.160 pernoctaciones

En octubre de 2024 el Ayuntamiento de Lleida presentaba de manera oficial el nuevo Modelo de Inclusión para personas en situación sinhogarismo ofreciendo atención a unas 519 personas en diferentes equipamientos de la ciudad.

Este plan de inclusión prevé alojamiento y servicios para diferentes colectivos en varios edificios de la ciudad, además del inmueble modular en La Guingueta. A principios de marzo, el Gobierno catalán se comprometió a aportar 6 millones de euros para financiar la implantación de este plan.