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La Audiencia de Lleida prevé juzgar el 5 de junio a dos hombres acusados de estafar 20.000 euros a dos personas con la venta ficticia de un piso que no era suyo. Según la Fiscalía, en enero de 2019 los procesados urdieron un plan para poner a la venta una vivienda de la capital del Segrià donde uno de ellos había vivido de alquiler, sabiendo que el propietario se quería desprender. El antiguo arrendatario lo habría convencido para que le dejara las llaves del piso con la excusa de que quería verlo porque sopesaba comprarlo. Con todo, sin que el propietario se lo hubiera pedido ni tuviera conocimiento, el individuo se puso en contacto con el otro acusado, administrador de una empresa, para anunciar el inmueble en Internet bajo el paraguas de la compañía del mismo.
Según el escrito de acusación del fiscal, ni el administrador ni su sociedad estaban dados de alta en el registro de agentes inmobiliarios en el momento de los hechos –-lo hicieron en julio de ese año–. Unos días después de publicar el anuncio, dos personas se interesaron en comprar el piso y contactaron con los acusados, quienes se hicieron pasar como socios de la empresa, sin licencia ni autorización.
Finalmente, tras visitar el inmueble con los acusados varias veces, los interesados se decidieron a adquirir la vivienda y firmaron un documento de reserva donde aparecía la serigrafía y el logotipo de otra inmobiliaria que no tenía nada que ver con los procesados y que estos usaron para aparentar solvencia, según la Fiscalía.
Así las cosas, el 18 de enero de 2019 las víctimas transfirieron 3.000 euros a la cuenta corriente que constaba en el documento. Además, cuatro días después los procesados se habrían apropiado de 17.000 euros correspondientes a un cheque bancario entregado en concepto de las arrestos penitenciales, pese a que el propietario no les había autorizado en ningún momento a vender el inmueble.
Finalmente, detalla la Fiscalía, la escritura previa de compraventa no se formalizó y los acusados se quedaron los 20.000 euros. Al tener conocimiento de que las víctimas habían acudido a la justicia, el 4 de abril de 2019 uno de ellos firmó una escritura pública de reconocimiento de deuda y entregó dos cheques por un total de 20.000 euros, pero no se pudieron cobrar por falta de fondos.
Por todo ello, la Fiscalía acusa a los dos individuos de un supuesto delito de estafa agravada en concurso medial con un delito de falsificación de documento privado. Por el primer delito, solicita 2 años y medio de prisión y multa de 3.600 euros para cada uno y, para el segundo, pide 1 año más de privación de libertad.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público reclama que indemnicen a cada una de las víctimas con 18.500 euros por las arremetencias penitenciales, 9.000 euros por daños morales –por la gran angustia que les generó la situación– y 410 euros por los perjuicios. Además, también pide el pago de 5.000 euros a cuya inmobiliaria se habrían valido para aparentar solvencia en el documento firmado.
