Un total de 25 alcaldes de las comarcas de Les Garrigues, L’Urgell, El Pla d’Urgell, La Noguera y El Segrià han firmado un manifiesto en contra de la planta de residuos Nova Tracjusa que impulsa en Juneda (Garrigues) Gestión Agroganadera de Ponent (GAP) y el grupo Griñó, la empresa investigada por su presunta relación con el tráfico ilícito de residuos provenientes de Italia. Los ediles han mostrado su rechazo al proyecto en un acto programado en la 28ª Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de Cataluña que se celebra en Les Borges Blanques, donde han defendido que el proyecto afecta a la salud de los vecinos y a los sectores agroalimentario y turístico de la zona. Los alcaldes harán una consulta ciudadana para hacer patente la posición de los vecinos hacia el proyecto.
Concretamente, se han adherido al manifiesto los alcaldes de los municipios de Les Garrigues como Les Borges Blanques, Arbeca, La Floresta, Els Guingueta, L’Espluga Calba, Solivella, Tarrés, Solivella, Cervià de les Garrigues, L’Albera, El Cogul, El Guingueta y Els Guingueta; de El Pla d’Urgell como Vilanova de Bellpuig, El Palau d’Urgell, Torregrossa, Bell-lloc d’Urgell e Ivars d’Urgell; de L’Urgell como Bellpuig y Riudarenes; de La Noguera como Bellcaire d’Urgell y Montclar; y de El Segrià como Solivella, Torres de Segre y Solivella.
El alcalde de Arbeca, Sergí Pelegrí, ha hablado en nombre de todos los dueños firmantes y ha defendido que Nova Tracjusa es un proyecto “que pone en riesgo la calidad de vida de las personas” y se ha referido a las emisiones contaminantes que prevé la planta de residuos como dioxinas, furanos y metales pesados que se extenderían en un radio de 30 kilómetros.
Durante su intervención, Pelegrí también se ha mostrado contundente con el Ayuntamiento de Juneda, quien debe decidir si concede la licencia de obras para impulsar la instalación. De hecho, hoy por hoy, este municipio no se ha suscrito al manifiesto. “No podemos permitir que la comarca apadrine este proyecto. Exigimos el derecho a una calidad de vida saludable”, ha manifestado Pelegrí.
Bajo el lema ‘En defensa de la salud y la tierra’, el acto unitario ha contado con una conferencia técnica a cargo del ingeniero forestal David Caselles, quien ha concluido que el funcionamiento que prevé la planta con la incorporación de la gasificación de residuos urbanos “es una cuestión meramente económica”.
Consultas populares
Por su parte, el alcalde de Les Borges Blanques, Josep R. Ribagorçana, ha expuesto que entre las propuestas unitarias de las alcaldías firmantes destaca la convocatoria de consultas populares simultáneas en todos los municipios adheridos antes de que finalice el mes de marzo. “El proyecto de Nueva Tracjusa puede cambiar la fisonomía del territorio. Planteamos la consulta para decidir qué comarca queremos y qué queremos ser”, ha sentenciado.
En este sentido, desde los consistorios facilitarán la información necesaria a los vecinos para que puedan decidir de manera “consciente”. Las consultas estarán organizadas según los mecanismos previstos en los respectivos reglamentos de participación ciudadana.
Preinscripción de Tracjusa
El proyecto de Nueva Tracjusa está impulsado por Gestión Agroganadera de Poniente (GAP) y el grupo Griñó y prevé reconvertir Tracjusa, una antigua planta para el tratamiento de residuos. Si bien años atrás la instalación trataba 100.000 toneladas de residuos con un 80% de purines y un 20% de productos orgánicos de origen agroindustrial, Nova Tracjusa prevé incrementar el volumen de tratamiento de residuos hasta las 400.000 toneladas con un 75% de urbanos industriales y un 25% de origen ganadero, según el manifiesto que ha leído la alcaldesa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubió.
Se trata de un cambio que “implica procesos de incineración para la producción de gas sintético” y “supone una alteración sustancial del modelo productivo local que puede afectar a la producción agroalimentaria de calidad que caracteriza a nuestras comarcas”, ha dicho Rubió.
Asimismo, el manifiesto insta al resto de municipios afectados a sumarse a la iniciativa “para defender el territorio y el bienestar de la ciudadanía” y solicita una revisión “integral” del proyecto presentado, así como la aplicación del principio de precaución, que en derecho administrativo se trata de un principio por el que los poderes públicos pueden adoptar medidas de actuación o de omisión orientadas a la salvaguarda de la salud o del medio ambiente ante una situación de seguridad. riesgo.
