El Ayuntamiento de Girona ha tenido que llegar a un acuerdo con los sindicatos para igualar las retribuciones por trienios que cobra el personal laboral con el personal funcionarial.
El consistorio ha llegado a una situación límite con protestas y, con cerca de 200 trabajadores afectados, los cuales han protestado constantemente. Una situación que no debía haber llegado a un punto extremo donde, sólo en el mes de enero se emitieron ocho sentencias sobre este conflicto, seis de las cuales se estimaron total o parcial, de manera favorable a los trabajadores.
Ahora, a pesar de llegar un acuerdo, el gasto que ha provocado esta situación es mayúsculo. Es una cuestión que viene de atrás y ha tardado siete meses en resolverse, con todo lo que conlleva. En concreto, se habla de que las demandas pueden suponer una carga de hasta dos millones de euros para el Ayuntamiento: 1,2 millones de euros corresponden a cantidades demandadas y el resto, intereses de demora y cotizaciones a la Seguridad Social.
Los trabajadores han acordado que las movilizaciones que hacían a las 10 de la mañana acabarán si realmente este acuerdo sale adelante, si no las protestas volverán “de aquí a 30 días”.
¿Qué dice la oposición?
“El préstamo que se pedirá y los intereses que perderemos en esta operación no habrían sido necesarios si se hubieran llevado de la forma correcta”, afirma la concejala del PSC-Girona pel Canvi Bea Esporrín.
La propia concejala socialista se queja de la calendarización y de la forma de actuar ante este conflicto: “Lo hemos advertido desde hace tiempo en los plenos: recurrir las sentencias favorables a los trabajadores fue un error inmenso. Principalmente porque sus reivindicaciones son justas, tal y como avalan los informes jurídicos emitidos por la secretaría del Ayuntamiento y de los que el gobierno hizo caso omiso, y el hecho de recurrir una sentencia supone un gasto extra al municipio. En cualquier caso, celebramos que el tripartito Salellas abandone por fin la vía del conflicto con los trabajadores”.
Se lamenta también el cambio de opinión que ha tenido el gobierno, al tiempo que tildan de “mala” la gestión del conflicto. Además, aseguran que estospréstamos que tendrán que pedir para pagar los casi dos millones de euros no habría sido necesario si se hubiera llevado de la forma correcta.
