El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, recibe con buenos ojos la nueva normativa sobre las ocupaciones ilegales

En referencia a la noticia publicada el miércoles por los medios de comunicación, que la Audiencia de Girona avala los desalojos exprés sin la previa autorización judicial de las ocupaciones ilegales si se han cometido en las últimas 24 horas, el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, celebró este acuerdo, al que llegaron el 22 de noviembre los magistrados de las secciones penales. En este sentido, el Ayuntamiento de Figueres y la Guardia Urbana se comprometen a mantener una colaboración absoluta, a actualizar el protocolo de actuación ante las entradas ilegales a los domicilios y a editar una guía de anticipaciones por comunidades de vecinos y por particulares.

Masquef valoró “que se imponga el sentido común. Celebramos que las interpretaciones de las leyes sirvan para conectar con la realidad y los problemas de la ciudadanía, con las batallas que tenemos muchos ayuntamientos a pie de calle. Los vecinos nos piden que seamos capaces de dar respuestas a los problemas”.

Masquef, que también asume las áreas de Seguridad y Civismo, hizo hincapié en que “la policía pueda actuar y resolver una entrada ilegal de una vivienda con un desalojo inmediato amparado por la legalidad”. En relación con este acuerdo anunció que “la Guardia Urbana de Figueres actualizará el protocolo ante las entradas ilegales en domicilios y la operativa de intervención policial, con las nuevas instrucciones que reciban del partido judicial de Figueres, editando una nueva guía informativa para la ciudadanía en contra de las ocupaciones ilegales”. Se tratará de un documento para comunidades de vecinos y para particulares para que sepan cómo prevenir y cómo actuar ante una ocupación ilegal.

El acuerdo de los magistrados también remarca que el titular de una finca ocupada no tiene la obligación de mantener de alta los suministros y el corte (de suministro) en ningún caso puede ser considerado delito de coacciones. El alcalde de Figueres subrayó que “se pueda decir alto y claro que un propietario no tiene que pagar la fiesta, el agua, la luz ni el gas a los ocupas. Que se puedan digan las cosas por su nombre porque una entrada en un domicilio que no es tuyo es un delito, antes, ahora y siempre. En ningún caso un propietario puede ser perseguido ni cuestionado por querer recuperar su vivienda”.

Ninguna obligación de mantener de alta los suministros

Según el acuerdo de los magistrados, en caso de ocupaciones de inmuebles recientes, y en la medida de lo posible antes de las 24 horas de la ocupación, los cuerpos policiales pueden y deben proceder al desalojo de los ocupantes sin que sea necesaria previa autorización judicial. Los agentes actuantes realizarán un acta de comprobación de daños que incorporarán al atestado policial, que se remitirá a los Juzgados de guardia junto con la citación a juicio de los ocupantes. Estas medidas pretenden agilizar la expulsión de los ocupantes y el tiempo de la tramitación del proceso judicial y la sentencia.