La sanción de la Generalitat de 10.000 euros a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por unas declaraciones a 8TV sobre inmigración se ha convertido en firme. El Departamento de Igualdad y Feminismos ha rechazado sus alegaciones y ahora Orriols sólo tiene la opción de presentar recurso de alzada.
“Hoy ERC ha ganado el voto de muchos musulmanes establecidos en Cataluña. Espero que al mismo tiempo haya perdido el voto de muchos catalanes”, ha reaccionado a través de la red X Orriols. La sanción se ha puesto en virtud de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, aprobada en 2020 por el Parlamento por unanimidad. Fuentes del departamento han remarcado a la ACN que el Gobierno se asegura de que la ley se cumpla, y destacan que “la señora Orriols no está por encima de la ley“.
La alcaldesa tenía abierto un expediente a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación por unas declaraciones el 29 de mayo de 2022 en un debate con el catedrático Ramón Cotarelo, donde afirmó que los musulmanes eran colonizadores i relacionaba el islam con “violaciones en grupo, mutilaciones genitales, matrimonios forzados”, así como misoginia y homofobia.
Cuando se dio a conocer la multa inicialmente, antes del proceso de alegaciones, fuentes del ayuntamiento aseguraron que la alcaldesa no tenía intención de pagar la sanción. El departamento ha remarcado que las declaraciones que hizo Orriols atentan contra la dignidad de las personas musulmanas y eso constituye una infracción de carácter grave de la ley, que se puede sancionar con una multa de entre 10.001 y 40.000 euros.
Las mismas fuentes subrayan que la sanción no vulnera ni la libertad de expresión ni la libertad ideológica, como dice Orriols. “No existen ni el derecho a insultar, ni a criminalizar, ni a estigmatizar a colectivos enteros., y así lo dictaminan los organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas”, insisten desde el departamento, que señala que el Gobierno está aplicando la ley y el derecho internacional de derechos humanos a partir de una denuncia ciudadana.
