El grupo parlamentario de Concordia ha presentado un total de 23 enmiendas al Proyecto de ley de accesibilidad universal. La mayoría modifican partes del redactado, aunque también se proponen propias, con el objetivo de reforzar que la ley sea realmente inclusiva, así como la sensibilización y el conocimiento de la población en materia de accesibilidad. Las enmiendas más específicas tienen como objetivo alcanzar una ley más exhaustiva en relación con los criterios de accesibilidad, para tener un marco de referencia más garantista a la hora de desarrollar los posteriores reglamentos.
Concordia incorpora la definición de “persona con discapacidad” en el listado de definiciones, ya que el Proyecto de ley sólo hace referencia a “personas con movilidad reducida”. Así, son personas con discapacidad todas aquellas que “presentan déficits funcionales de carácter físico, sensorial, intelectual o mental que, al interaccionar con barreras diversas, ven limitada su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de personas”.
Se modifica uno de los principios generales de la ley, el de igualdad de oportunidades, sustituyendo el concepto de discapacidad por capacidad, con el fin de adaptarlo a cualquier condición o circunstancia de la persona. Precisamente, el Gobierno anunció el año pasado que trabajaba en una modificación del reglamento de la Comisión Nacional de Valoración (CONAVA), para poder evaluar la discapacidad de una persona a partir del desarrollo de sus aptitudes, es decir, por sus capacidades.
En cuanto a la Comisión para el fomento de la accesibilidad, por un lado, el grupo parlamentario de Concordia amplía sus funciones, buscando una participación más activa del ente. Se especifica que debe impulsar, cada año, iniciativas de sensibilización, formación y difusión de buenas prácticas en materia de accesibilidad, las cuales deberán ser ejecutadas e implementadas por el ministerio de Asuntos Sociales. También debe ejecutar los planes de accesibilidad y evaluar los resultados, elaborando informes periódicos que sean públicos. Además, la comisión debe reunirse, al menos, semestralmente, hacer para un seguimiento y ejecutar sus funciones.
Por otro lado, se concreta la composición de la comisión vía legislativa, teniendo en cuenta su importancia y las funciones que desarrolla, ya que la propuesta del Gobierno establece que se determine vía reglamento. Así, se concreta que la presidencia de la Comisión para el fomento de la accesibilidad debe ser por una persona escogida por el Área de promoción a la autonomía del Ministerio de Asuntos Sociales y que las vocalías deben estar integradas por personas técnicas y cualificadas en la materia: cuatro en representación del Gobierno (de los ministerios de Asuntos Sociales, Salud, Educación y Territorio y Urbanismo), dos escogidas por los comunes, dos provenientes de los colegios oficiales de Arquitectos e Ingenieros Superiores, dos nombradas por parte de las asociaciones de personas con discapacidad y una en representación de las entidades privadas (representante de la Cámara de Comercio).
Un ámbito importante en cuanto a la accesibilidad es el de la movilidad en el espacio público. Concordia introduce diversas precisiones en los entornos urbanizados, a fin de que sean plenamente accesibles y estén bien señalizados. Por ejemplo, concreta elementos del mobiliario urbano que pueden suponer un obstáculo para las personas con alguna discapacidad. Y en concreto en cuanto al transporte público de viajeros, se especifican algunos puntos. Se concreta que las paradas deben garantizar accesos accesibles e información adaptada para todas las personas usuarias, y que los vehículos y las infraestructuras del sistema deben autorizar el acceso a los perros de asistencia “debidamente acreditados e identificados con el distintivo oficial correspondiente”.
Finalmente, en cuanto a la accesibilidad a los servicios públicos, aparte de cumplir con todas las condiciones establecidas reglamentariamente, el grupo parlamentario de Concordia considera que también se debe garantizar que el personal de atención al público esté formado y sensibilizado en la materia de accesibilidad, para poder atender de manera óptima a cualquier persona con discapacidad.
