martes, 6 de mayo de 2025
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La antigua fábrica CATSA de Sant Julià de Lòria será rehabilitada para acoger actividades nacionales

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El Consejo General ha aprobado este martes, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios a excepción de la abstención de Andorra Endavant, el Proyecto de ley de crédito extraordinario del Gobierno de compraventa de la antigua fábrica CATSA de Sant Julià de Lòria. El importe del crédito es de 2,3 millones de euros, que corresponden a la mitad del coste global de la adquisición (la otra mitad lo asume el Común de San Julián de Liria). La operación permitirá proteger un bien patrimonial de país, con el objetivo de que el edificio sea rehabilitado y pueda acoger actividades de interés nacional.

En su intervención en defensa del proyecto de ley, la consellera general del Grupo Parlamentario Demócrata, Carol Puig, ha resaltado “la importancia que ha tenido CATSA en la historia reciente de Sant Julià de Lòria y en la de Andorra en general”, vinculada con la industria del tabaco durante la segunda mitad del siglo pasado. Ha celebrado que “ahora le damos una segunda vida, preservando sus fundamentos”.

Puig ha recordado que la fábrica de CATSA cerró sus puertas en 2010, y fue a raíz del impulso que le dio la edición de la bienal LandArt de 2023 que “ganó valor, recuperó prestigio”. El Gobierno y el Común quisieron protegerla y trabajaron por su adquisición. La consellera general ha finalizado manifestando que “en Sant Julià de Lòria estamos agradecidos por partida doble: porque podemos conservar un edificio que ha formado parte de nuestras vidas y de nuestro paisaje urbano, y porque, además, lo podremos volver a disfrutar a través de iniciativas que aportarán dinamismo y actividad a la ciudad”.

El Consejo también valida la modificación de la Ley de auditoría, para “reforzar el marco que regula una profesión clave para la transparencia financiera”

También en la sesión el martes ha quedado aprobado el Proyecto de ley de modificación de la Ley de auditoría de cuentas del Principado de Andorra. Tras un año de vigencia de la ley, y de manera consensuada con el sector, se han introducido mejoras para reforzar y optimizar el marco normativo que regula “una profesión clave para la transparencia financiera de nuestro país”, ha manifestado la consellera general Demócrata Meritxell López. Ha indicado que una de las principales novedades que se introducen en la ley, con el fin de garantizar los objetivos de la auditoría, es el refuerzo del supervisor de la auditoría de cuentas; también se clarifican los requisitos de acceso a la profesión de auditor de cuentas; así como se modifican aspectos del régimen sancionador y de supervisión. En conclusión, ha manifestado López, los cambios clarifican y amplifican la función de la auditoría, “para asegurar la transparencia y la confianza en nuestra economía”.

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