Aunque la ley ómnibus ya ha sido publicada de manera oficial en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA), no será hasta hace dos semanas, el 15 de abril, cuando entrará en vigor y se empezarán a aplicar las restricciones que prevé la normativa. Sin embargo, la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles que la ley ya está empezando a hacer efecto.
Tanto es así que, tal y como ha anunciado, a estas alturas ya hay hasta 39 viviendas de uso turístico (HUTs) que se han dado de baja y que, por tanto, entran a formar parte del mercado de alquiler ordinario. También ha señalado que se ha registrado la entrada al mercado de algunos pisos vacíos, aunque no ha especificado la cifra concreta.
Marsol ha apuntado que uno de los puntos que prevé la ley ómnibus es que los propietarios de los HUTs volverán a recibir el certificado de viviendas de uso turístico si, a pesar de haber puesto las viviendas en el mercado, no han encontrado interesados. En este sentido, la ministra ha recordado que los propietarios tienen la posibilidad de vender o alquilar estos pisos al precio que deseen, aunque si los ceden al Gobierno, el ejecutivo satisfará económicamente a los propietarios y pondrá los inmuebles en el mercado a precio asequible.
Por otro lado, y aprovechando la presencia de Marsol en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, también ha aprovechado para dar respuesta a las manifestaciones efectuadas este miércoles el economista Gonzalo Bernardos, que apuntaba la posibilidad de convertir La Seu d’Urgell en el área metropolitana de Andorra.
En este sentido, la ministra ha rehuido de esta posibilidad asegurando que “nosotros estamos trabajando en el parque público de vivienda y en que haya pisos de alquiler en el mercado” que permitan que “todo el mundo que trabaja en el país pueda residir“. Por tanto, se trata de una cuestión que “ni nos planteamos ni nos la queremos plantear”, ya que “esta no es, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Andorra”.
