jueves, 13 de febrero de 2025
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Andorra estudia aumentar la edad de consentimiento sexual

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Un moment de l'acte d'obertura de l'any judicial

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha anunciado este viernes en el marco de unas declaraciones posteriores a la apertura del año judicial que el Gobierno no prevé un endurecimiento de las penas para frenar el aumento de los delitos sexuales —especialmente las violaciones registradas durante el último año— pero sí contempla elevar la edad de consentimiento sexual e introducir un factor vinculado a la diferencia de edad entre las personas implicadas.

“No daré detalles al respecto, pero es una medida que han reclamado tanto el Tribunal de Cortes como la Fiscalía, y algunos fiscales lo han expresado abiertamente” ha indicado, Molné, quien ha explicado que la reforma no solo implicaría fijar una nueva edad de consentimiento, que podría situarse en quince o dieciséis años, sino que también debería considerarse la diferencia de edad entre las personas que mantienen relaciones sexuales.

“Por ejemplo, no es lo mismo que una persona de quince años tenga relaciones con otra diecinueve, que con una de treinta. Por ello, habría que establecer ciertos condicionantes que regulen esta diferencia de edad y la madurez de la otra persona” ha añadido Molné, mientras subrayaba que, a pesar de haber hecho una propuesta en esta línea, prefiere no revelar los detalles hasta recibir el ‘feedback’ de los tribunales y del colegio de abogados.

El fiscal general, Xavier Sopena, ha opinado también durante las declaraciones que, en su opinión, las penas por delitos contra la libertad sexual, especialmente las agresiones sexuales y las violaciones, ya son bastante contundentes. “Por ejemplo, en el caso de una violación, la pena oscila entre los tres y los diez años de prisión. Además, hay circunstancias agravantes que pueden incrementar significativamente la condena” ha concretado, Sopena. “Por tanto, más allá del debate sobre posibles modificaciones legales, creo que hay que poner el foco en la prevención y la información, incidiendo especialmente en estos aspectos más que en una reforma de las penas” ha añadido, el fiscal general, puntualizando que será la legislación vigente la que determinará si es necesario modular o modificar estos delitos en el futuro.

 

Flexibilizar la prisión provisional y mejorar la atención de los reclusos con trastornos mentales

Ante una pregunta formulada por la prensa, Molné ha señalado que se están estudiando opciones para flexibilizar el régimen de prisión provisional en determinadas situaciones. En este sentido, ha planteado la posibilidad de aplicar medidas alternativas, como el arresto domiciliario para algunos reclusos que cumplan determinadas condiciones. “Estas alternativas se podrían conceder siempre que se considere que la persona no representa un riesgo de huida ni de alteración de pruebas que puedan afectar al proceso judicial” ha apuntado, Molné.

“En cuanto a los plazos, pienso que se deben analizar, ya que quizás sí que, en algunos casos, el periodo de prisión provisional se podría reducir. Pero eso, evidentemente, lo digo con prudencia, porque sabemos que hay delitos, como los de blanqueo de capitales, que requieren comisiones rogatorias internacionales y, por tanto, una instrucción más larga” ha añadido, la ministra.

Por otra parte, y con relación a la agresión a dos agentes que se produjo este jueves en la Comella, Molné ha reconocido que las tensiones son habituales en este tipo de instituciones y que Andorra no es ninguna excepción. Además, la ministra ha destacado que una de las principales problemáticas es la presencia de personas con trastornos mentales en la cárcel, una realidad que también se da en muchos otros países. “Se está viendo que las personas con problemas de salud mental tienen más probabilidades de acabar en la cárcel, y esta situación se está agravando tanto en Andorra como en otros países” ha comentado, Molné, explicando que, en muchos lugares del entorno, algunos individuos son derivados a centros de salud mental en lugar de seguir un régimen penitenciario ordinario. “En otros casos, como ocurre en Francia, se refuerza la atención médica, psicológica y psiquiátrica dentro del sistema penitenciario para ofrecer un mejor apoyo a los reclusos con trastornos mentales. Esta cuestión será analizada a partir del informe que se encargará a expertos” ha asegurado, la ministra.

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