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Plataforma per la Llengua, una organización en defensa del catalán, ha presentado una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial contra un magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tortosa, el cual exigió a un perito redactar un informe en castellano.
Los hechos sucedieron el 16 de enero, cuando este magistrado emitió una resolución donde requería un informe en castellano a un perito. Pedía que éste fuera “de manera motivada, clara e inteligible y ajustándose a las normas básicas de la ortografía y la gramática castellana”. Una de las partes del procedimiento se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, quienes han presentado una reclamación al Consejo General del Poder Judicial en su nombre. La entidad defiende que exigir un perito a redactar un informe en castellano vulnera sus derechos y la normativa vigente.
La organización considera que podría tratarse de un caso de abuso de autoridad y pide investigar los hechos y abrirle un expediente sancionador al magistrado. Solicitan también que se revoque la exigencia de emitir el informe pericial en castellano.
Los jueces no tienen la obligación de saber catalán, pero, según el artículo 231.3 de la Ley orgánica del poder judicial, los peritos tienen el derecho de redactar sus informes en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio en que se desarrollan las actuaciones judiciales y, por tanto, los jueces deben pedir la traducción al castellano si no entienden la lengua.
