Las pistolas Taser enfrentan al Ayuntamiento de Barcelona con entidades de salud mental y derechos civiles

Cerca de una veintena de entidades y colectivos han mostrado este lunes su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de sacar adelante la compra de 22 dispositivos conductores de energía (DCE), también conocidos como pistolas taser o eléctricas. Entidades relacionadas con la salud mental, colegios profesionales como los de terapeutas y trabajo social, abogados defensores de los derechos civiles, entidades de derechos humanos, SOS Racisme o Top Manta Barcelona, entre otros, dicen que el Ayuntamiento no ha hecho un proceso participativo como es debido y que no están claros los motivos de la compra de estas armas, de las cuales advierten de los riesgos.

Según el manifiesto firmado, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del posible efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, dicen que hay que considerar los diversos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por tanto, Amnistía Internacional ha insistido en la importancia de que las administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es, de acuerdo con los fines perseguidos, atendiendo a las recomendaciones internacionales existentes en la materia, así como las advertencias del fabricante del arma.

No obstante, la decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana ha contado únicamente con un criterio policial, dicen, “sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales”.

Esta decisión evidencia, una vez más, para las entidades, la discrecionalidad de los ayuntamientos a la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometida a un ejercicio transparente y democrático, así como a un debate público con información técnica independiente. Pese a que el Ayuntamiento de Barcelona abrió una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo que deberá regular el uso de los DCE, ésta se hizo sin que la administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, “impidiendo un proceso de participación efectiva“. Asimismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a diversas organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en el año 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que conlleva su uso.

En el año 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó al Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías locales, ya que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar la Convención contra la Tortura“. El Comité también ha considerado que estas armas no deben formar parte del equipo del personal de seguridad en las cárceles y en otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que los Estados deben “velar para que las armas menos letales sean sometidas a estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho a la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser)”.

La poca información que ha trascendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear una nueva arma, a caballo entre la de fuego y la defensa personal, que permita hacer frente a episodios deigitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo a las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las que se desaconseja su uso, dicen las entidades.

Entidades de salud mental catalanas han advertido en reiteradas ocasiones de que el uso de pistolas Taser supone un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas, dada la alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y momentos mal interpretados como de agitación por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, recalcan que el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible. Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en el que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación al resto de la población.

Por todo ello, las entidades reclaman la suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser. También que se abra un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad. Además, piden la realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo a los criterios de uso esgrimidos por la Guardia Urbana, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, las recomendaciones del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

Por último, instan a convocar un grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con conocimientos técnicos en la materia para poder abordar las principales preocupaciones expuestas y garantizar el principio de participación efectiva.