La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo que dictó el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona de la querella del sindicalista Carles Vallejo contra seis policías nacionales por crímenes contra la humanidad y torturas en la comisaría de la Via Laietana a principios de los años 70 mientras estaba detenido. Gracias a la aprobación de la ley de memoria democrática, la fiscalía se pronunció por primera vez a favor de la admisión a trámite de una querella por crímenes del franquismo. Pese a ello, el juzgado no aceptó los argumentos de Vallejo ni del ministerio público, que ahora la Audiencia también ha denegado. La acusación particular recurrir en instancias internacionales.
La resolución se basa en los argumentos habitualmente esgrimidos en los archivos de querellas por crímenes del franquismo: la prescripción de los delitos y el principio de legalidad e irretroactividad de las normas penales, según el cual en el momento de los hechos no existía como tal el delito de crímenes de lesa humanidad. El tribunal considera que la ley de amnistía de 1977 no queda anulada por la ley de memoria democrática ni los tratados internacionales, y abre la vía para la reparación y el derecho a la verdad más allá de la vía penal.
La fiscalía decía que la nueva ley de memoria democrática “impone” al Estado el “deber” de investigar las posibles violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario que se hubieran producido durante la Guerra Civil y el franquismo. Con esta nueva legislación y el análisis de la jurisprudencia estatal e internacional y de los tratados y convenios internacionales, la fiscalía concluía que “no procede la inadmisión de pleno de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento“.
En su informe favorable a la admisión de la querella, el ministerio fiscal recordaba la obligación de garantizar no sólo el derecho a la justicia sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, ya que estos derechos son los principios articuladores del derecho internacional en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de la propia ley de memoria democrática.
En el mes de noviembre de 2022, bajo el lema ‘Via Laietana 43. Hacemos Justicia, Hacemos Memoria ‘, una decena de entidades, entre ellas Irídia y Òmnium, presentaron una querella criminal en el caso Vallejo. Esta acción se emprendió pocas semanas después de la aprobación de la ley de memoria democrática y aludía a crímenes de lesa humanidad contra seis miembros de la policía franquista, con el comisario Vicente Juan Creix al frente.
A raíz del archivo por parte de la Audiencia, Irídia y Òmnium ya están estudiando las vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español están desestimando todas las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.
Como explica Laura Medina, abogada del caso, “la Audiencia considera que es un requisito imprescindible para la aplicación de la ley de amnistía la previa declaración de responsabilidad penal de una persona en concreto y por un delito en concreto”. “Desde Irídia remarcamos su inaplicabilidad porque los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos, no son amnistiables y, además, en ningún caso, puede suponer un obstáculo para iniciar una investigación penal”.
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado “inadmisible este nuevo archivo, que se suma a una dinámica, ya no sólo de no reparación, sino de no reconocimiento de las víctimas del franquismo“. Para Antich, la dinámica judicial de no reconocer los crímenes de lesa humanidad “obliga a la sociedad civil a seguir picando piedra para mantener viva la memoria democrática y exigir la tan necesaria reparación a las víctimas. Sólo así, con memoria, verdad y justicia se podrá avanzar en la construcción de una verdadera sociedad democrática”.
Irídia, en colaboración con Òmnium, recurrirá contra la decisión de la Audiencia, que ha tardado un año en emitir una resolución al respecto, argumentando que la gravedad de los hechos requiere una respuesta judicial que cumpla los estándares internacionales de justicia transicional. Estos estándares establecen que es esencial abordar los crímenes del pasado a través del acceso a la justicia y el logro de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Según Irídia, ninguno de estos derechos se está cumpliendo y los archivos de las querellas afectan directamente a las víctimas y a las personas represaliadas en su proceso de reparación, perpetuándose la impunidad.
En este caso, Irídia y Òmnium están estudiando las vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español siguen archivando sistemáticamente las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. Esto a pesar de que, recientemente, también la fiscalía, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se ha sumado a los argumentos de las acusaciones particulares. En el caso de la querella de Carlos Vallejo, el ministerio fiscal se posicionó a favor de admitirla a trámite y señaló “la obligación de garantizar no sólo el derecho a la justicia, sino también el derecho a verdad y a la reparación de las víctimas“. También la Generalitat se personó como acusación popular en este caso.
La querella de Carlos Vallejo es la primera del Estado español presentada tras la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, según la cual, debería “garantizarse la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados relacionados con las víctimas”. Aunque la ley señale como fundamental el derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas, todas las querellas presentadas en este marco legislativo, han terminado archivadas.
