El Ayuntamiento de Reus ya se prepara para aplicar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de enero de 2025. Según ha confirmado la alcaldesa Sandra Guaita, la previsión es aprobar inicialmente la norma en el plenario del próximo 20 de diciembre. “Esta norma no quiere decir que no se podrá circular por la ciudad, sino que se tendrán que cumplir una serie de requisitos”, ha tranquilizado Guaita, quien ha subrayado que la ordenanza también contará con diferentes moratorias que se irán aplicando hasta 2028. Durante las próximas semanas, el consistorio dará más detalles de cómo se efectuará la norma y en qué franjas horarias. Actualmente, sin embargo se calcula que un 20% de los vehículos que circulan por Reus no cumplen con la normativa.
La alcaldesa también ha querido enviar un mensaje de “calma” a la ciudadanía y ha recordado que el Ayuntamiento facilitará a los vecinos que no puedan acceder a la ZBE que puedan dejar sus vehículos en parkings disuasorios y se puedan mover por la ciudad en transporte público o caminando.
Este conjunto de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, que tienen por objetivo mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes para crear ciudades más saludables y sostenibles, afectan a los municipios de más de 50.000 habitantes. Entre ellos se encuentran los ayuntamientos de Reus o el Tarragona, los cuales han trabajado de la mano al considerar que “era absurdo” que las ordenanzas fueran diferentes teniendo en cuenta la movilidad continua que hay entre ambas ciudades.
Presupuestos sin alegaciones
En un encuentro con periodistas, la alcaldesa también ha celebrado que no se hayan presentado alegaciones a los presupuestos para 2025, los cuales fueron aprobados inicialmente en el plenario de noviembre. “Es la primera vez que pasa desde hace quince años”, ha afirmado Guaita, quien ha aplaudido que las cuentas “hayan sido consideradas, como mínimo, no alegables”. Una falta de objeciones que hacen que los presupuestos queden aprobados definitivamente, sin necesidad de volver a pasar por pleno, y, por tanto, el consistorio pueda empezar a trabajar a partir del 1 de enero.
