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La Guardia Urbana ha comprado 14 nuevos radares pedagógicos de control de la velocidad del tráfico, una vez constatada la efectividad de los 6 que actualmente tiene en servicio para la estrategia de seguridad vial y pacificación del tráfico del cuerpo de seguridad municipal. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de suministro de los aparatos a la empresa Elan City SL, con un presupuesto de 3 4.740,94 euros (IVA Incluido).
Los radares adquiridos son móviles, pueden ser fácilmente trasladados a otros lugares de la ciudad, rotando en diferentes ubicaciones. Aunque a menudo se pueden instalar en las entradas de la ciudad, también se pueden ubicar en cualquier lugar donde la Guardia Urbana o la ciudadanía perciba velocidades del tráfico excesivas.
La función principal de los radares es pedagógica: informan a las personas conductoras del exceso de velocidad a la que circulan y les avisan de que están cometiendo una infracción. Y, en este sentido, se han demostrado eficaces. Los aparatos pueden funcionar con la pantalla apagada, lo que ha permitido comprobar que los conductores circulan a velocidades más elevadas cuando las pantallas reflejan la velocidad de los vehículos.
A partir de los datos registrados, los radares también permiten a la Guardia Urbana realizar estudios de seguridad vial, de los que se pueden derivar campañas y planes de acción para la pacificación del tráfico y la reducción de accidentes.
Los radares pedagógicos se suman a los radares de que dispone la Guardia Urbana desde hace años para el control de la seguridad vial. Generalmente registran infracciones administrativas; aunque se registra una media anual de 4 delitos contra la seguridad del tráfico por superar el límite de velocidad.
- Se considera declicto contra la seguridad del tráfico superar en 60 km/h los límites fijados en vías urbanas o en 80km/h en interurbanas. Los conductores que excedan los límites se enfrentan a una posible pena de prisión de 3 a 6 meses o multa o trabajos en beneficios de la comunidad. Las personas infractoras también se enfrentan a una privación del derecho a conducir de entre 1 y 4 años.
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Se considera infracción administrativa superar el límite de velocidad entre la velocidad permitida en la vía y el límite penal. Los conductores se exponen a multas de entre 300 y 600 euros y a la retirada de entre 2 y 6 puntos del carné, según la limitación de la vía y la velocidad a la que se circula.
