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Una empresa que no tenía aprobada la licencia de obras ha derribado un molino histórico del siglo XVIII en La Pobla de Claramunt, en L’Anoia. El edificio, de unos 400 años de historia, estaba a la espera de que lo declararan Bien Cultural de Interés Local, una distinción que habría permitido su protección.
“Es un daño irreparable. Abriremos un expediente sancionador, pero el patrimonio ya está perdido”. Así lamenta la concejala de Urbanismo de La Pobla de Claramunt (Anoia), Mari Pau Castaño, el derribo del molino papelero de Cal Guarro, una edificación del siglo XVIII. La empresa Unió Industrial Ribagorçana demolió el edificio el pasado sábado y, según el Ayuntamiento, no tenían licencia de obras porque se habían requerido enmiendas que no habían respondido.
Paralelamente, había un procedimiento abierto para declarar la edificación Bien Cultural de Interés Local, un trámite que se había puesto en marcha hace más de un año. “Ha habido un retraso a conciencia. El silencio ha acabado destruyendo un patrimonio de 400 años de historia”, ha lamentado la investigadora local Marta Bartrolí.
“El derribo de Cal Guarro es un punto negro más de toda la trayectoria de patrimonio papelero de esta comarca. Se van derribando edificios y no se protege este patrimonio importantísimo”. Así se explica Victoria Rabal, directora del Museo Molí Paperer de Capellades.
El sábado pasado, el municipio de La Pobla de Claramunt se despertaba sin uno de sus elementos más identificativos, un antiguo molino del siglo XVIII, que había llegado a ser uno de los centros de producción de papel más importantes del país. Los propietarios de los terrenos donde se encontraba el molino de Cal Guarro, la empresa Unió Industrial Ribagorçana, derribó esta edificación.
De hecho, la empresa papelera tiene previsto ampliar las instalaciones que ocupa en La Pobla de Claramunt, en el marco de un proyecto declarado estratégico por el Gobierno. Esta calificación, que se otorga mediante decreto ley o acuerdo de Gobierno, conlleva ventajas administrativas y una tramitación preferente para facilitar su ejecución.
Sin embargo, desde el Consejo Comarcal de L’Anoia, su presidente, Jordi Ribagos, advierte de que el desarrollo industrial debe ser compatible con la preservación del patrimonio. “Si perdemos nuestro patrimonio, nos empobrecemos como comarca, porque también perdemos parte de nuestro legado y nuestra esencia”, ha afirmado en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
Por su parte, Unión Industrial no ha dado respuesta a las consultas planteadas por la ACN.
Demolición sin licencia y mientras se hacía la tramitación de BCIL
La empresa había solicitado la licencia para derribar el edificio, pero el Ayuntamiento aún no lo había otorgado. La concejala de Urbanismo, Mari Pau Castaño, explica que la empresa contactó el lunes con el consistorio alegando que habían procedido al derribo del molino por el “silencio administrativo” del Ayuntamiento, pero la concejala niega que esto sea así. Según Castaño, el Ayuntamiento envió a la empresa un requerimiento justo el día antes de que se acabara el plazo legal para responder, pero “la compañía hizo caso omiso”. Por todo ello, la regidora ha anunciado en declaraciones a la ACN que el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador a la empresa. Sin embargo, lamenta, “el daño ya está hecho”.
Paralelamente a la licencia, también estaba en trámite la declaración del molino como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), una protección que habría garantizado su conservación. Se trata de un trámite que debía debatirse y aprobarse en el Consejo Comarcal de L’Anoia, ya que el Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt no tiene competencia para hacerlo al ser un municipio de menos de 5.000 habitantes. Pero el derribo se ejecutó antes de que se pudiera debatir y resolver este proceso que, según el presidente del ente comarcal, Jordi Ribagorçana, estaba previsto hacerlo en el próximo pleno del mes de junio.
Giv califica de “imprudente” la decisión de la empresa de no esperar la resolución del ente, y lamenta que se haya aprovechado “una brecha administrativa” para sacar adelante el derribo. De hecho, el presidente del ente comarcal señala un único responsable de la pérdida del molino de Cal Guarro: la propiedad. “Es el propietario quien pide el derribo y, a partir de ahí, las administraciones hacemos lo que podemos para evitarlo”, lamenta.
“Las instituciones han fallado, el silencio ha destruido el patrimonio”
Pero no todo el mundo lo ve de la misma manera. Desde el Museo Molí Paperer de Capellades —integrado dentro de la red del Museo Nacional de Ciencia y la Técnica de Cataluña (mNACTEC)—, la directora, Victòria Rabal, también señala a las instituciones como parte responsable de la pérdida. “Las instituciones han fallado con este tipo de no acción, que es lo peor que puede pasar en la vida”, subraya.
Está de acuerdo la investigadora local Marta Bartrolí: “Ha habido un retraso sabido a conciencia y nadie ha hecho nada. El silencio ha acabado destruyendo un patrimonio de 400 años de historia y uno de los molinos más emblemáticos de nuestra comarca”. Las dos expertas critican que se haya alargado tanto la aprobación del molino como a la derribación, una circunstancia que hubiera evitado el derribo. “Todo el mundo sabía que era muy urgente proteger este patrimonio”, lamenta Rabal.
Por otro lado, la directora del museo también critica que una empresa del sector papelero no valore su propio patrimonio. De hecho, recuerda que Unión Industrial ya tiene antecedentes en esta línea. “En el año 2009 derribó Cal Ramonet, lo intentó con Cal Violant —que ya estaba protegido—, y ahora ha pedido el derribo de tres molinos más. Es un error de planeamiento de este tipo de empresas que tienen un carácter totalmente extractivo y no piensan que es patrimonio industrial es compatible con su desarrollo”, explica.
Un segundo edificio, en peligro
Ahora el Ayuntamiento también se muestra preocupado por el futuro de la torre de Cal Font, un segundo edificio histórico situado dentro de los terrenos propiedad de la propia empresa papelera y que también ha solicitado derribar. “Nos hace sufrir mucho y estamos a la expectativa”, explica la concejala de Cultura, Fina Vilarrubias, que añade que ya han contactado con varias administraciones supramunicipales para buscar apoyo e intentar garantizar un compromiso de la empresa para evitar que se repita una pérdida patrimonial como la del molino de Cal Guarro.
L’Anoia, comarca papelera
La comarca de L “Anoia ha sido históricamente uno de los principales centros de producción papelera del país. La presencia de ríos como L” Anoia y su caudal constante favorecieron, desde el siglo XVIII, la proliferación de molinos papeleros a lo largo de su recorrido.
Capellades, La Pobla de Claramunt y otros núcleos cercanos se convirtieron en polos industriales vinculados a la artesanía y la fabricación de papel. Familias como los Guarro, los Romaní y los Coca fueron clave en el impulso y consolidación de esta actividad. Por ello, la concejala de Cultura de La Pobla de Claramunt, pide hacer frente común para proteger todo este legado. “Es una joya arquitectónica y deberíamos ponernos de acuerdo y hacer un plan general para protegerlos al igual que se ha hecho con las chimeneas”, dice. De hecho, lo único que se ha salvado del molino de Cal Guarro es, precisamente, su chimenea.
Por su parte, la directora del Museo Molí Paperer de Capellades, Victòria Rabal, confía en que “de esta desgracia” pueda surgir “un futuro mejor”. “Es necesario que todas las administraciones se pongan a trabajar para evitar que siga desapareciendo nuestro patrimonio. Es lo que nos hace singulares, lo que habla de nuestra historia y de nuestra identidad. No lo podemos perder nunca, porque si lo hacemos, nos convertiremos en un desierto”, advierte.
De hecho, el presidente del Consejo Comarcal de L’Anoia ha anunciado que próximamente convocarán a todos los alcaldes de los municipios que cuentan con patrimonio relacionado con la historia papelera, así como historiadores y otras administraciones, con el objetivo de trabajar para hacer una “protección integral” de este patrimonio. “Es obvio que vamos tarde, pero tenemos que tener más herramientas para poder abordar situaciones como estas y que la falta de coordinación entre administraciones no sea la excusa para ir perdiendo patrimonio”, ha concluido.
