viernes, 7 de febrero de 2025
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La tasa de la basura se dispara: ¿por qué?

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Aumento generalizado de la tasa de basura. Los medios se llenaron a finales de año de titulares en los que el incremento de esta tasa era la protagonista. De hecho, algunas localidades como La Selva del Camp han tenido incluso que crearla, ya que era inexistente y no la cobraban. Quienes no han tomado esta decisión este año es porque ya habían aplicado los incrementos a las ordenanzas fiscales de 2023 o 2024.

La medida, como todo lo que toca la fiscalidad, ha sido profundamente impopular. Sin embargo, los ayuntamientos no tenían ninguna alternativa. Se trata de una normativa impuesta por la Unión Europea y que se traslada a nuestra legislación en 2022 con la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La norma menciona que debe existir una tasa “específica, diferenciada y no deficitaria” antes de 2025. En definitiva, que esta tasa debe tener carácter propio, cubrir todo el coste del servicio y debe pagarse en función del uso real.

El objetivo de la ley no es escapar a los contribuyentes, como algunos piensan. La intención es caminar hacia una tasa más personalizada que incentive el reciclaje y la reducción de la generación de residuos. En este sentido, el mismo documento plantea tres niveles para orientar a los entes locales a adoptar una tasa más justa. Es decir, quien más contamina, más paga.

El primer nivel es el elemental, que se centra en reducciones sobre una cuota única, en función de las aportaciones a las desecherías, nuevas recogidas y autocompostaje. Opción que ha adoptado temporalmente Tarragona. El segundo es el medio, basado en una cuota básica y una cuota variable en función del comportamiento según las zonas del municipio. Y, finalmente, está el avanzado, que permite una cuota fija y una variable individualizada en función del comportamiento del ciudadano a través de sistemas de control de usuario en los sistemas de Puerta a Puerta o contenedores cerrados, que pueden permitir identificar las aportaciones individualizadas de los usuarios del servicio. Es lo que se conoce como pago por participación/generación.

Por su parte, la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) cuenta con un documento donde apuntan que sistemas como el puerta a puerta o los contenedores con identificación de los usuarios y control de acceso son prioritarios son los únicos que permiten identificar a los usuarios y son un requisito imprescindible para el establecimiento de tasas justas. En este texto, la propia ARC considera que los niveles elemental y medio son sistemas “de incentivos”, pero no se consideran sistemas de tasa realmente justa. Únicamente lo sería el nivel avanzado.

Ajustes de la tasa

Con este contexto legal, los principales ayuntamientos del Camp de Tarragona han tenido que adaptar su tasa de basura. En el caso de Tarragona, la subida vino en 2024, con un 12%. En aquella ocasión se aplicó una tarifa social, que de cara a las ordenanzas fiscales de 2025 se ha actualizado para hacerla más accesible y ampliar su alcance. La intención es que esta tarifa social pase de los 100 beneficiarios de este año a las 3.000 personas. Además, el Ayuntamiento de Tarragona entra al nivel elemental con la reducción de un 5% por el uso de la desechería municipal, con un máximo de 12 euros. Sin embargo, se prevé que con la puesta en marcha del nuevo contrato de la basura se puedan tener datos más individualizados del reciclaje en la ciudad y se adapten estas bonificaciones.

La otra gran ciudad de esta área metropolitana tarraconense también ha actualizado la ordenanza. Reus incrementó el 14% durante 2024 y ahora se ajusta un 1,85% más. Como ocurre con Tarragona, han creado una bonificación para llevar residuos a las desecherías municipales. Concretamente del 20% con un máximo de 20 euros.

Si nos trasladamos a Valls, el sistema de bonificaciones hace cuatro años que funciona y ha tenido un buen efecto en el porcentaje de selectiva. La tasa ha pasado a ser como máximo de 152 euros, pero tiene un mínimo de 60,80 si se aplican todas las bonificaciones. Estas son del 25% para quienes demuestren que hacen recogida selectiva, un 45% para quienes además hagan un uso habitual de la desechería y, si también utilizan el autocompostaje, la rebaja se trepará hasta el 60%.

Las principales localidades de la Costa Dorada también han tenido que incrementar la tasa para adaptarse a la ley. Un 20% en Vila-seca, un 35% en Salou y un 23% en Cambrils.

55%, la cifra mágica

Aparte de cuestiones como las tasas o los sistemas para mejorar la recogida selectiva, la legislación también estipula objetivos de porcentaje de reciclaje. Concretamente, el 55% para 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. De momento, entre los municipios más poblados de El Camp de Tarragona, Vila-seca es la única localidad a las puertas del. La mayoría de ellas, sin embargo, han sufrido en los últimos cinco años un aumento considerable de este porcentaje según los datos de la ARC.

Vila-seca se situaba en 2018 con 49,84% y llegó en 2023 al 54,22%. Actualmente, en segunda posición estaría Cambrils. Tiene un 46,93%, porcentaje ligeramente inferior que hace cinco años (48,06%). El podio lo cerraría Valls, que ha pasado del 36,7% en 2018 al 42,10% en 2023. El caso de Salou es curioso porque en cinco años ha sufrido una bajada y una subida, igualando prácticamente la cifra de 2018 y quedándose en un 40,3%.

Tarragona y Torredembarra rondan el 37%. La capital ha pasado del 32,28% al 37,04% y Torredembarra del 32,71% al 37,06%. Dos tendencias similares. En cambio, Reus disfruta de casi un incremento de 14 puntos respecto a 2018. Del 26,25% al 40,24%. (El dato de Reus estaba incorrectamente escrito en el número 51 de la Revista La Ciutat. En sus páginas se marcaba un 36,99%, cifra que corresponde a 2022 y no a 2023)

Si nos centramos en todo el país, en Cataluña el porcentaje se queda en el 40,3%. La cifra es todavía escasa, si se tiene en cuenta el potencial que tiene. El proyecto “Pesa la basura” determinaba en 2014 que el potencial de reciclaje de las fracciones correspondientes a la materia orgánica, envases ligeros, vidrio y papel y cartón era del 84%. Unos datos que se habían recopilado gracias a estudiar 300 hogares.

Sanciones a la vista?

Ante esta situación en la que los principales municipios y el conjunto del país todavía están lejos del objetivo, la gran pregunta es: ¿multarán a quienes no alcancen el 55% este 2025? Hoy por hoy, los residuos que no se reciclan y deben enviarse al vertedero o a la incineradora pagan un canon, que se encarece cada año. Por lo tanto, reciclar más significará pagar menos dinero de este canon en aumento. Aparte de eso, de momento no existe ninguna directriz que pida estas sanciones inmediatas si no se llega al 55%, pero son medidas que siempre han sobrevolado el debate.

Sin ir más lejos, el anterior director de la ARC, Isaac Peraire, remarcaba que la tendencia era “la estabilización de las cifras” y que había que avanzar hacia sistemas “más eficientes”. Además, apuntaba que era el momento de las “grandes ciudades de más de 50.000” para implementar nuevos modelos y dar el salto. Peraire aseguraba el año pasado que sería “probable que la Unión Europea sancionara a España por no cumplir” y que no le parecería mal porque así “se pondrían las pilas”. Con todo, creía que Cataluña tenía “que incentivar” a los municipios y no multarlos.

La Ciudad se ha puesto en contacto con Agencia de Residuos de Cataluña para saber cuál es su actual posición. Fuentes del ente afirman que no quieren “ni hablar de amenazar con multas” y que es demasiado pronto para “especular” si los datos de 2025 se convertirán en algún tipo de sanción si el Estado Español no cumple.

La ARC subraya “los esfuerzos” que el mundo local está haciendo para ponerse al día con la recogida selectiva. Como ejemplos, señalan la adopción de nuevos sistemas de recogida con los cambios de contrato, el incremento de las tasas para cubrir el coste del servicio, la realización de campañas y acciones de prevención y la mejora de infraestructuras de tratamiento en todo el territorio. Sin embargo, son comprensibles con las dificultades que pueden tener algunas instituciones locales para dar el paso definitivo. En algunos casos destacan “la imposibilidad de modificar los contratos a corto plazo” o “la falta de infraestructuras para la gestión posterior de los residuos recogidos”.

La agencia catalana considera que este “esfuerzo enorme” no se está realizando por posibles sanciones, sino “por el convencimiento de luchar por pueblos y ciudades más sostenibles”. Sin tener cerrados los datos de 2024, faltará ver si nos acercamos al horizonte de 2025 y cómo actúa finalmente la Unión Europea en este reto. Unos objetivos a los que el mundo local sólo llegará si consigue convencer a la población de la trascendencia de este desafío.

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