El Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado las nuevas ordenanzas fiscales para 2025. Como ya pasó el año pasado, el gobierno socialista ha vuelto a sellar un pacto con Junts per Catalunya y En Comú Podem, sus socios preferentes en esta negociación. El acuerdo plantea congelar el IBI y la tasa de la basura, crear una nueva tasa por las telefonías móviles y mejorar los mecanismos de la tarifa social de la basura. “El año pasado nos vimos obligados a incrementar el IBI porque el gasto estaba disparado. Este año la propuesta es la congelación, ya que se han hecho esfuerzos de contención y de arreglo”, apunta Isabel Mascaró, consellera de Hacienda.
Desde Junts remarcan que se han escuchado sus demandas como la congelación fiscal, las mejoras en la tarifa social o la tasa a las telefonías móviles, que ya reclamaban en campaña. “También hemos pedido que quede muy bien estipulado que las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) puedan utilizar los patios de sus escuelas para actividades extraescolares sin que se les cobre”, subraya su portavoz, Jordi Sendra.
En Comú Podem, que había puesto mucho énfasis en la tarifa social durante las horas previas al pacto, también están “satisfechos” con los acuerdos. Los Comunes los validaron ayer en asamblea y esta noche será el turno de Podemos, que también lo consultará a las bases. Además, el portavoz de la coalición, Jordi Collado, señala otros acuerdos dentro del pacto, como pedir a la Generalitat el 100% de la recaudación de la tasa turística, la creación de un recargo municipal para cruceristas y estudiar el hecho de prestar el servicio de bus para cruceros desde la EMT. Estos puntos han sido clave para convencer a la militancia a dar el ‘sí’.
Una tarifa social real
Uno de los principales acuerdos es la modificación de la tarifa social de la tasa de la basura, implementada el año pasado. Según afirma Mascaró, ésta no había tenido el alcance que esperaban y solo habían recibido 80 peticiones. Con los cambios esperan poder acoger a unas 3.000 personas. “La tramitación era muy farragosa. Por ello, hemos puesto hilo a la aguja para mejorar y simplificar”, destaca la consellera.
Los principales cambios vendrían en la rebaja del umbral económico y la simplificación de la burocracia. Se prescinde de la entrevista con los servicios sociales y, en caso de autorizarlo, el Ayuntamiento de Tarragona de oficio y cada año podrá verificar de manera automática que se cumplen los requisitos, sin necesidad de que el beneficiario tenga que volver a presentar documentación acreditativa. Además, facilitarán que también los inquilinos puedan solicitar la tarifa si demuestran que están pagando la tasa.
Por otro lado, la tasa de la basura se adecua a los requisitos de la normativa europea. Tal y como marca la ley, la tasa debe cubrir el coste total del servicio -requisito que ya se cumple desde el año pasado- y debe pagarse en función del uso real. A falta de que se ponga en marcha el nuevo contrato de recogida de residuos, los tarraconenses que utilicen la desechería fija tres veces al año tendrán una reducción del 5%. Una rebaja que no puede ir más allá de los 12 euros.
Cuando entre en funcionamiento el nuevo servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos y, por tanto, se hayan implementado los medios técnicos que permitan la obtención efectiva de los datos individuales de generación de residuos de todo el municipio, se modificará la ordenanza fiscal para regular el pago por generación de otras fracciones de residuos.
Nueva tasa por la telefonía móvil
Finalmente, el Ayuntamiento pretende recaudar entre 100 mil y 280 mil euros con una nueva tasa que gravará el uso del dominio público de las telefonías móviles. Se trata de una medida que ya se aprobó en 2008, pero que los tribunales la dejaron inaplicable en 2013. Ahora se recogen todos estos requisitos legales para volverla a impulsar y ser uno de los pocos municipios que la aplica. Entre otras, está en vigor en ciudades como Madrid o Mataró.
