Tropiezos judiciales, quejas sindicales, licitaciones desiertas, presuntos espionajes… La adjudicación del nuevo contrato de la limpieza y la basura de Tarragona lo ha vivido casi todo. El revés de la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público supuso la última vez en el proceso. Éste pedía descalificar a GBI Paprec, la ganadora del concurso sobre el contrato de la basura y la limpieza, y abría la puerta a la incertidumbre. Tras días de debate y basándose en un informe jurídico de la casa, el Ayuntamiento de Tarragona finalmente ha elegido comenzar el proceso de adjudicación a la segunda clasificada, Urbaser.
Con todo, la votación que lo hacía posible ha estado marcada por los reproches cruzados y por una estrecha mayoría. A los votos del PSC se han sumado los de Junts y los consejeros no adscritos, quienes han defendido que se trata de una decisión técnica. En el lado contrario se ha situado Esquerra, PP, En Comú Podem y VOX. Todos ellos han señalado las posibles consecuencias que pueden tener “las prisas” a la hora de adjudicar el mayor contrato del Ayuntamiento de Tarragona.
Un voto técnico-jurídico
En el debate sobre este punto, PSC, Junts y los concejales no adscritos han remarcado que este voto es únicamente técnico-jurídico y se han remitido al informe de los técnicos del consistorio, que piden adjudicar a la segunda clasificada y recalcan que el trabajo en todo el proceso se ha hecho correctamente. De hecho, aparte de iniciar los pasos para adjudicar a Urbaser, el Ayuntamiento también recurrirá la sentencia del Tribunal de Contratos para defender el trabajo de sus técnicos.
En su turno de intervención, la portavoz del gobierno, Sandra Ramos, ha subrayado que los grupos que han votado ‘no’ han ejercido un “voto político y no un voto pensando en la limpieza de la ciudad”. Además, ha avisado de que dilatar la decisión en el tiempo no evitará que el resto de empresas acaben interponiendo recursos, lo que ya han anunciado que harán. Ramos destaca que esta cruzada legal entre empresas es habitual en la mayoría de municipios de España y también recuerda que el Tribunal de Contratos es de reciente creación y todavía no tiene una jurisprudencia suficientemente consolidada.
Desde una vertiente más técnica, la consejera de Contratación, Isabel Mascaró, ha explicado el porqué de esta decisión. “La resolución no dice que deba licitarse de nuevo, sino que se resuelva legalmente como corresponda. Según la ley de contratos, cuando un licitador queda excluido debe pasarse al siguiente en orden de licitación. El proceso debe seguir las normas que corresponden”, ha apuntado.
Un informe externo
Entre los grupos de la oposición, la demanda de “calma” y de un “informe externo” ha sido generalizado. Además, algunos de ellos han señalado la curiosa alianza para sacar este punto adelante, con los votos del PSC, Junts y exconsejeros de VOX. En respuesta a estas acusaciones, Jordi Sendra (Junts) ha querido puntualizar que su grupo “no vota en función de quién apoyará, sino en función de lo que piensa que será bueno para la ciudad”. El portavoz juntaire ha pedido también hacer caso al informe jurídico y cumplir la resolución.
Por el contrario, Maria Mercè Martorell (PP) ha criticado que se vuelva a correr y considera que “tras un contrato de más de 20 años, no vendrá de un mes”. La popular ha lamentado que no se pidiera ninguna aclaración cuando recibieron la resolución y ha alertado de que se entra en un camino “que no sabemos dónde nos llevará, con recursos y posibles indemnizaciones”.
Por su parte, Jordi Collado (ECP) ha recordado que “si la decisión fuera tan técnica-jurídica, no pasaría por el Pleno”. El portavoz de los comunes ha defendido el sentido político de este voto y ha lamentado que se utilice los técncios como escudo en decisiones que considera políticas. “La ciudad necesita un nuevo contrato, pero la salida no debe ser rápida. Tiene que ser segura”, ha señalado. En la misma línea se ha pronunciado Maria Roig (ERC), que ha afirmado que “antes de hacerlo rápido, se debe hacer bien y blindar la institución de cualquier irregularidad”.
¿Qué se ha votado?
La votación no supone la adjudicación del contrato de la limpieza y la recogida de residuos en Urbaser. Lo que se hace es ejecutar la resolución del Tribunal y pedir a la segunda empresa clasificada los documentos necesarios para continuar con el resto de pasos administrativos. Como la empresa tiene 10 días para presentar estos documentos, la intención sería llevar su adjudicación al Pleno de julio. Sin embargo, los posibles recursos del resto de empresas podría hacer hincapié en el proceso.
