El contrato de la basura y la limpieza viaria de Tarragona se vuelve a frenar. El Ayuntamiento ha parado la firma del nuevo contrato de la basura con la empresa Urbaser, aunque la última sesión plenaria había aprobado su adjudicación. El movimiento, que ha adelantado el Diari de Tarragona, deja en el aire el contrato debido a los dos recursos interpuestos en el Tribunal Catalán de Contratos por parte de GBI Paprec y FCC. Los técnicos recomiendan la decisión ante la posibilidad de que el tribunal decrete la paralización cautelar del proceso.
De hecho, la decisión ya dividió el Pleno entre quienes lo veían una “temeridad” ante los posibles efectos y quienes defendían el consenso técnico sobre la cuestión. Uno de los más vehementes ese día fue Esquerra Republicana, que tras conocer la decisión del gobierno ha cargado contra los socialistas. Xavi Puig, portavoz adjunto de los republicanos, afirma que se están dando “palos de ciego” y que el contexto está marcado por la “incertidumbre, la precipitación y la contradicción”.
Puig apunta que el ejecutivo de la Plaza de la Fuente “está jugando en el casino judicial” y que las “malas decisiones” harán que se incrementen los recursos. Para el republicano, “no hacía falta” adjudicar el contrato a Urbaser, ya que el Ayuntamiento ha perdido “libertad de movimientos para jugar con el calendario” y ahora la empresa “puede reclamar la ejecución de la decisión plenaria en cualquier momento”.
Aunque el secretario del Ayuntamiento ya afirmó que no era necesario, Puig ha remarcado la importancia de tener “informes preceptivos actualizados”. Además, alerta de que las indemnizaciones podrían llegar a los 21 millones de euros. De todas maneras, señala que “el único elemento que nos da seguridad” es la sentencia del TSJC sobre la adjudicación a GBI Paprec, defendida por el propio Ayuntamiento.
La terquidad judicial ha sido la tónica dominante en el proceso. Después de que la licitación quedara desierta el anterior mandato, tres empresas se presentaron el pasado 2023. El concurso lo ganó GBI Paprec, seguido de Urbaser y FCC.
Las dos empresas perdedoras recurrieron la adjudicación a GBI Paprec y el Tribunal Catalán de Contratos dio la razón a Urbaser. La empresa ganadora debía ser excluida del concurso porque “incumplía los pliegos rectores de la licitación”, dejando el contrato sin adjudicatario. Basándose en los servicios jurídicos de la casa, el Ayuntamiento comenzó el proceso para otorgar el contrato a la segunda cualificada, Urbaser, un hecho que ya en aquel momento conllevó reboot.
Para acabarlo de asombro, GBI Paprec solicitó medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ser readmitida. En este caso, fue el propio Ayuntamiento quien detuvo el proceso a la espera de la resolución del tribunal. Finalmente, tanto el TSJC como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo denegaron la petición de la empresa. Razón por la que el Ayuntamiento decidió reactivar la adjudicación y otorgar el contrato a Urbaser.
Uno de los principales focos del conflicto es que el propio Tribunal Catalán de Contratos añadía que tanto Urbaser como FCC incumplían los pliegos, punto clave para que Esquerra y En Comú Podem se posicionaran en contra de la adjudicación. El Ayuntamiento, sin embargo, defendió en el mismo pleno que los servicios jurídicos de la casa se han pronunciado “unánimanet” a favor de la decisión y que, ytuvieran que excluir otras ofertas, el tribunal debería haberlo dicho porque “tiene la obligación legal”.
Además, el secretario técnico del Ayuntamiento también remarca que ir en contra de todos los informes “podría ser prevaricación” y “la ley de contratos nos obliga a adjudicar en caso de tener alguna oferta admisible“, como es el caso.
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