Los vecinos de El Catllar definen su zona como “envejecida”, y eso se hace notar sobre todo en las urbanizaciones que voltean el núcleo urbano. Muchas de ellas no están recepcionadas y deben ser mantenidas por los propios vecinos. Aquellas que han comenzado los trámites para serlo, hace años que esperan que se resuelva la petición. Para ello han creado la asociación APODEC, con la que expresan su insatisfacción.
En una zona donde, de más de 5000 residentes censados, 4000 viven en las urbanizaciones, en muchas de ellas los vecinos consideran que no se cumplen los servicios mínimos, que se llevan cumplir a pesar de no ser recepcionadas. Todavía hay zonas sin asfaltar, sin alumbrado y donde no llega el servicio de correos. La recaudación de impuestos de la zona es la más rica del término municipal. “Yo quiero que mis impuestos sean recuperados donde yo estoy viviendo”, ha expresado Ana Quiles, vecina y vocal de la asociación.
En cuanto al transporte público, los vecinos solo cuentan con un servicio de autocar plana que pasa cada dos horas, no funciona los domingos y no tiene parada física, sino que los vecinos tienen que esperar a la carretera, lo que dificulta la movilidad de los niños y niñas para ir a la escuela solos.
A todo lo anterior se suma también la inseguridad. Las urbanizaciones de El Catllar han sufrido en varias ocasiones oleadas de robos, como la de la última semana de 2023, donde en zonas como Coll de Tapies o Mas de Montmell entraron a robar varias veces e, incluso, dos veces en la misma casa en la misma noche. Gracias a la insistencia de los vecinos, en este caso sí se consiguió vigilancia hasta las 3 del mateí. También les preocupa las diversas ocupaciones que ha habido en la zona “Tenemos miedo de que se conviertan en guetos” afirma el presidente de APUDEC, Juan Herrerías.
Es por todo ello que los vecinos han decidido cortar la carretera TP-2031, en la calle de Salort, el domingo 24 de noviembre a las 12:00h. En esta manifestación de protesta expresarán el descontento por el abandono y la falta de inversión pública que sufren los propietarios desde hace décadas. “No queremos ocasionar perjuicios a los conductores, se dejará un carril libre al tráfico, pero sí llamar la atención sobre una situación que ya es insostenible”, ha explicado Herrerías.
