La Comisión Europea ha concedido 205 millones de euros a un proyecto coordinado por Repsol y que tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en la zona petroquímica de Tarragona. La iniciativa, bautizada con el nombre de ‘TarraCO2 – Storage’, consistirá en habilitar un almacén submarino situado a unos 45 kilómetros de la costa y que tendrá la capacidad para almacenar 54 millones de toneladas de gases contaminados, tal y como ha detallado el ejecutivo comunitario en un comunicado. Según la propia Comisión Europea, el proyecto beneficiará a industrias de gran consumo de energía como el cemento o la cal, los productos químicos o la conversión de residuos, actividades en las que la descarbonización “es muy difícil de reducir”.
Repsol trabaja desde hace tres años en la evaluación del proyecto y está pendiente de la obtención del permiso de investigación sobre una superficie de 75.904 hectáreas a unos 45 kilómetros de la costa, justo tocando la plataforma petrolera Casablanca, frente a la costa del delta del Ebro y al noreste de la zona donde se encuentra el fallido proyecto Castor, que pretendía almacenar gas natural en el antiguo yacimiento Amposta.
El planteamiento inicial, que debe concretarse financieramente de forma definitiva en el año 2028, según precisa la nota técnica comunitaria, pasa por la construcción de un conducto submarino de 45 kilómetros con el que se transportaría, en estado líquido, el CO₂ considerado como “difícil de abatir”, inherentes al proceso, pero que se pueden capturar.
Son gases procedentes la actividad de la refinería y petroquímica, así como otras actividades industriales en un radio de 120 kilómetros: más de 6 millones de toneladas anuales en total. Según la Comisión Europea, la inyección en el almacén, a un ritmo previsto de 2 millones de toneladas anuales, permitiría reducir las emisiones de estos gases en un 30%.
El almacén, en realidad, es una estructura geológica situada a 1.600 metros de profundidad y basada en una formación arenosa, que contaría con sellos de arcilla en la base y el techo que garantizarían el almacenamiento de los gases en estado líquido de forma segura con la idea de que no se extraigan en ningún momento.
La idea se inspira en otras instalaciones similares -en el mundo hay en marcha una cincuentena donde se inyectan 41 millones de toneladas anuales-. El proyecto no prevería instalaciones visibles ni plataformas off shore, sino un almacén intermedio sumergido y conectado con las cabezas de los pozos submarinos, situado debajo en una lámina de agua de 100 metros.
Con el anuncio de los fondos europeos y una vez se resuelva la concesión del permiso solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica, Repsol deberá poner hilo a la aguja para efectuar los estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos sobre la idoneidad del subsol marino para albergar este almacén.
La compañía tiene conocimiento geológico previo de la zona después de explotar durante más de cuatro décadas la plataforma Casablanca y sus pozos asociados. Para evaluar y estudiar el espacio, sin embargo, habrá que hacer nuevos estudios para caracterizar el fondo y monitorizar la sismicidad actual existente en la zona, especialmente después de la ola sísmica que generaron las inyecciones de gas en el proyecto Castor en el año 2013.
