Este martes tenían que empezar a declarar los primeros testigos de un caso que saltó a la luz pública hace doce años, con la entrada policial en la sede de la autoescuela en el barrio del Temple de Tortosa, tras dos años de investigación. El tribunal de la Audiencia Provincial de Tarragona, sin embargo, ha notificado a todas las partes que se suspende el juicio, porque aún no han resuelto las cuestiones previas. De hecho, no sólo se ha suspendido esta primera jornada de declaraciones, sino también las otras dos previstas en diciembre.
Por tanto, y teniendo en cuenta el volumen de casos que acumula la Audiencia, el juicio por el fraude en los exámenes de conducir de las autoescuelas Roquetas-Temple muy posiblemente se reanudará —si es que finalmente lo hace— a partir del próximo año, como mínimo.
En total son catorce las personas acusadas de un delito continuado de soborno, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, de falsedad documental, de grupo criminal, de blanqueo de capitales, así como de once delitos contra la hacienda pública.
Los hechos
Los hechos tuvieron lugar desde 2006 hasta 2012. Según el ministerio público, la autoescuela ofrecía cursos intensivos para conseguir el aprobado del examen teórico del permiso de conducir, los cuales coincidían, íntegramente, con los que días después hacían en la prueba oficial de la DGT. Según aseguran, muchos de los nuevos clientes provenían de otras comunidades autónomas o personas sin ningún conocimiento ni de catalán, castellano, ni de ningún otro idioma europeo. A pesar de todo, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las que les había denegado previamente el certificado de aptitud que lo habían acabado obteniendo y aprobando.
La fiscal también ha apuntado que los test originales de los exámenes de la DGT eran obtenidos a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban en Tortosa y los vendían en la autoescuela por 3.000 euros cada documento. Los responsables del centro de enseñanza los recortaban y camuflaban los contenidos para que los alumnos no se dieran cuenta.
Parte de los beneficios obtenidos con su actividad eran transmitidos a miembros del núcleo familiar con la finalidad de aparentar una menor solvencia económica ante la Agencia Tributaria. Además, y con el fin de ocultar el patrimonio ilícito, adquirían vehículos de alta gama, bienes inmuebles y concedían créditos familiares. Por todo, la fiscal pide penas de 13, 11 y 4 años y medio de prisión.
Penas de hasta 22 años de prisión
La acusación particular, la abogacía del Estado y Fiscalía presentaron sus escritos de acusación en el año 2017. Actualmente, pero el abogado del Estado y el ministerio público son la única acusación que sigue en la causa tras la retirada de la Asociación de Autoescuelas de las Tierras del Ebro, que inicialmente impulsó el caso.
Piden para la pareja propietaria de las autoescuelas penas de prisión que van de los 13 años de la Fiscalía a los 22 años de la abogacía del Estado. La fiscal los acusa de todos los delitos mencionados a excepción del propio de los funcionarios públicos y les atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También pide multas de cerca de nueve millones de euros en total.
Dentro del núcleo dirigente de la trama se sitúa también el hijo de ambos, por quien Fiscalía solicita 11 años de prisión y una multa de más de 1,3 millones de euros por los mismos delitos a excepción de lo contrario a la hacienda pública. De acuerdo con el ministerio público, los beneficios que consiguió el matrimonio como propietarios de la autoescuela eran “transmitidos a miembros del núcleo familiar” para blanquearlos y les atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria.
Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la mujer del hijo, la madre de la propietaria, así como la hija del matrimonio. Fiscalía pide para ellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. Al trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se le acusa de soborno y grupo criminal, por los que le piden seis años de reclusión.
Para los dos administradores de AEOL, la fiscal pide cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En total, la petición para ellos es también de cuatro años y medio de prisión, inhabilitación para trabajo o cargo público durante quince años. Según Fiscalía, ellos eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían en Tortosa, donde también supervisaban la prueba.
