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El barrio de Sants-Vallès se ha convertido en un foco de debate ciudadano por su elevada concentración de clubes cannábicos. En un radio de menos de un kilómetro y medio, se ubican siete asociaciones de consumo de marihuana. Este fenómeno preocupa al vecindario, que observa cómo los locales tradicionales van dando paso a espacios dedicados a esta actividad.
“El barrio está cambiando demasiado rápido y no nos han preguntado si queremos que esto pase”, explica un vecino que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias. Otros testigos afirman que han dejado de pasear por determinadas zonas tras detectar comportamientos incívicos a las puertas de estos locales.
Una normativa cuestionada y poco efectiva
La legalidad de estos clubes es materia de controversia desde hace años. La normativa impulsada en 2016 por el Ayuntamiento de Barcelona, que pretendía poner límites a la concentración de estos establecimientos y garantizar criterios de salud pública, quedó anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2021. Esta decisión dejó a los municipios con pocas herramientas para regular el fenómeno.
En teoría, los clubes cannábicos sólo pueden operar como entidades privadas, dirigidas a socios y sin hacer ningún tipo de promoción externa. Sin embargo, fuentes vecinales denuncian que muchos de estos locales funcionan prácticamente como negocios abiertos al público, con prácticas que podrían vulnerar la normativa vigente.
Impacto en la convivencia y la vida familiar
Para muchos residentes, la presencia de estos clubes no sólo altera el paisaje urbano sino también la calidad de vida. “Tengo dos niños pequeños y no quiero que crezcan viendo gente fumando en la puerta de casa. No es el modelo que quiero para mi barrio”, afirma la Núria Garcia, vecina de la calle Riera Blanca.
Las entidades vecinales denuncian también una pérdida progresiva del comercio de proximidad, sustituido por negocios vinculados a este modelo de ocio. “Antes teníamos tiendas de toda la vida; ahora tenemos persianas bajadas y clubes cannábicos”, lamenta otra residente.
Respuesta institucional insuficiente
Ante este escenario, el Ayuntamiento asegura haber intensificado las inspecciones. En 2024 se emitieron una treintena de órdenes de cierre a clubes de la ciudad. Sin embargo, la capacidad de respuesta de la administración a menudo se ve limitada por la necesidad de denuncias formales o autorizaciones judiciales.
Uno de los casos más polémicos es el del local situado en el número 61 de la Riera Blanca, que, a pesar de haber recibido una orden de cese cautelar, continúa operando gracias a un recurso administrativo presentado por sus gestores. Este tipo de situaciones contribuyen a la sensación de impunidad que denuncian muchos vecinos.
Hacia una regulación consensuada
Con el debate reabierto, diferentes entidades sociales y vecinales piden una regulación clara y efectiva que proteja tanto los derechos de los usuarios como los de la comunidad residente. Reclaman, además, más transparencia, más inspecciones y una planificación urbana que priorice la convivencia.
Mientras tanto, Sants-Vallès continúa viviendo una realidad compleja, atrapada entre el crecimiento de un modelo de ocio y las preocupaciones de un vecindario que quiere preservar la esencia de su barrio.
