Rubén Guijarro, exalcalde de Badalona, en el juicio: “Yo sólo firmaba”

El exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha asegurado este miércoles que “nunca” dio directrices ni dijo cuándo se tenían que abrir expedientes sancionadores cuando fue concejal de Urbanismo del consistorio. Así lo ha asegurado durante su declaración en el juicio por el que la Fiscalía de Medio Ambiente le pide, junto a dos funcionarios más, cuatro años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.

Guijarro ha dicho que él “sólo firmaba” los expedientes y que no tuvo conocimiento de los hechos hasta que llegó la denuncia de fiscalía. Los otros dos acusados han explicado que si no abrieron expedientes sancionadores desde el primer momento era porque primero se abría un proceso de restauración urbanística.

Los hechos juzgados se remontan a los años 2018 y 2019, cuando Rubén Guijarro era concejal de Urbanismo del gobierno del también socialista Álex Pastor —Guijarro fue alcalde después, entre 2021 y 2023. Fiscalía le acusa, junto con los entonces jefe de disciplina urbanística y el jefe jurídico de Urbanismo, de no perseguir a los responsables de varias construcciones ilegales que los Agentes Rurales habían alertado de que se habían hecho en parcelas del espacio protegido de la Cordillera de Marina.

Concretamente, les acusa a los tres de no abrir expedientes sancionadores al tiempo que se abría un proceso de restauración de la legalidad urbanística por unas actuaciones “totalmente contrarias a la normativa urbanística municipal y autonómica”.

Además, cuando en el mes de enero de 2020 finalmente lo hicieron, una vez recibida la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, les reprocha que el expediente sancionador se incoó contra los propietarios de las fincas y no contra los ocupantes de los terrenos y responsables de hacer las construcciones. Un hecho que el fiscal ha calificado de “surrealista”.

Durante su declaración, Rubén Guijarro ha reconocido que en su momento “no tuvo conocimiento de los hechos” porque en un ayuntamiento como el de Badalona se tramitan miles de expedientes y que su trabajo no iba más allá de comprobar que los informes tuvieran las firmas pertinentes y poner la suya. “A mí me correspondía velar por el buen funcionamiento del municipio y por el cumplimiento del programa, no entrar en el trabajo técnico y jurídico de lo que saben”, ha añadido.

El exalcalde también ha dicho que no conocía personalmente a los otros dos acusados porque en Urbanismo trabajaban más de 600 personas y que, por tanto, nunca se reunió con ellos para tratar la cuestión. Tampoco ha dicho conocer ni a los propietarios ni a los ocupantes de ninguno de los terrenos.

El jefe de servicio de disciplina urbanística, instructor de los expedientes, ha explicado que el procedimiento que utilizaban era abrir un proceso de restauración urbanística antes de aplicar sanciones, y que eso lo hacían siempre por separado. También que la demanda de restauración la hacían tanto contra el propietario como contra el ocupante y que en los 9 expedientes abiertos en 8 se restauró el espacio.

El funcionario técnico ha defendido la manera de actuar de su departamento destacando que aplicaban siempre el mismo criterio y que éste no se podía ver “influido o variado” por los diferentes gobiernos municipales. Aquí, ha recordado que voluntariamente entregó los nuevos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente para demostrar que desde el primer momento persiguieron las infracciones detectadas y que nunca las quisieron ocultar.

A su vez, el jefe jurídico de Urbanismo, ha explicado que fue a su criterio “y sin recibir indicaciones de nadie”, que se sancionó a los propietarios y no a los ocupantes de los terrenos porque las construcciones detectadas por los Agentes Rurales, de acuerdo con la legislación vigente, “no tenían la entidad necesaria”. Aquí, ha recordado que los propietarios “tienen sus obligaciones” aunque sean a título de “simple observancia”.

El funcionario ha reconocido que, etes atrás, quizás debería haber tenido en cuenta los usos de los terrenos más que la construcción que había, y ha destacado que ninguno de los nuevos propietarios sancionados haya abierto un proceso contencioso administrativo.

Finalmente, los peritos jurídicos han apuntado que normalmente las sanciones se incoan contra los propietarios y que la ley no obliga a que la demanda de restauración y el proceso sancionador se hagan de manera “simultánea”.

A la hora de las conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido la pena de cuatro años de prisión, 16 de inhabilitación y una multa de 7.800 euros para los tres acusados. En cuanto a la abogada de la defensa, Olga Tubau, ha pedido la absolución porque entiende que nunca escondieron las infracciones y porque nunca intentaron beneficiar o perjudicar a nadie.