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La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, ha aplaudido la decisión del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de no renovar las licencias de los pisos turísticos. Ha considerado que los derechos de la ciudadanía deben prevalecer por encima de intereses económicos y ha alentado al resto de municipios y comunidades que siguen el ejemplo. Ha hablado de ello en una visita a la promoción de pisos sociales Porta Trinitat. Aunque reconoció que las viviendas temporales son necesarias para ciertos colectivos como estudiantes, ha apostado por que esta temporalidad residencial se tenga que acreditar. Collboni ha recordado que cada mes se desactivan entre 300 y 400 inmuebles turísticos en la ciudad y ha anunciado un refuerzo en las inspecciones para frenar el “mercado ilegal”.
Isabel Rodríguez ha reconocido “el esfuerzo” del alcalde de Barcelona para “dar una oportunidad de vida” a los vecinos y vecinas de la capital catalana. “Cuando entran en conflicto un interés legítimo como es el desarrollo de una actividad económica con un derecho, siempre tenemos que estar al lado de los derechos”, ha comentado.
En este sentido, ha pedido al resto de ayuntamientos del Estado y a las comunidades autónomas que se encuentran con zonas tensionadas como la capital catalana, que se enfermen en Barcelona y “toquen todos los instrumentos necesarios para garantizar el acceso a la vivienda”.
La responsable de Vivienda y Agenda Urbana se ha comprometido a apoyar al resto de entes en este sentido y ha dejado claro que esta medida no debe ser incompatible con la existencia de alojamientos temporales en el Estado. Ha explicado que esta tipología de viviendas son necesarias para ciertos colectivos, como los estudiantes, los investigadores, o también por trabajadores de empresas que por motivos temporales se ven obligados a residir durante un determinado periodo de tiempo en un lugar. “El alojamiento temporal debe seguir existiendo pero no para esquivar las prescripciones legales y los derechos de los consumidores y las personas que necesitan acceder a una vivienda residencial de uso habitual”, ha dejado claro.
Ha apuntado que el ejecutivo español está trabajando desde hace un tiempo con el sector y los usuarios para combatir el fraude en este sentido. Ha recordado que se pondrá en marcha una plataforma única que permitirá tener aglutinados todos estos alojamientos y ganar “transparencia” para perseguir posibles “fraudes”.
De forma paralela, se ha creado un grupo interdisciplinario que el miércoles próximo se reunirá para presentar las conclusiones sobre el análisis de esta cuestión. “El objetivo es avanzar en la normativa, de regularizar aún más y concretar más de lo que lo hace la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU)”, ha comentado Rodríguez que ha dicho que habrá que “acreditar y justificar” debidamente la causa de la temporalidad.
Ha remarcado que se trata de una cuestión “sensible” que exige seriedad y rigor para garantizar la seguridad jurídica y ha asegurado que la normativa se hará con transparencia y rigor. “es importante garantizar que los que necesitan un alojamiento temporal lo puedan tener, pero que no se utilice esta figura para limitar la oferta de vivienda habitual”, ha dicho la ministra que se ha mostrado dispuesta a combatir el fraude “por todos los medios”.
Isabel Rodríguez ha hecho estas valoraciones en una rueda de prensa que se ha celebrado en el nuevo edificio de vivienda pública con servicios para personas mayores Porta Trinitat. La ministra ha visitado una de las viviendas de la promoción acompañada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha conversado con una de las inquilinas.
Por su parte, Collboni ha remarcado que aparte de esta regulación estatal también hay que incidir en el cumplimiento de las normativas. Así, ha puesto en valor la labor “de inspección contundente e inflexible” que el Ayuntamiento de Barcelona lleva a cabo. Ha apuntado que desde el año 2016 se han puesto 10.500 sanciones y se han emitido 9.700 órdenes de cese de actividad.
“Seguiremos combatiendo la ilegalidad más allá de la vigencia legal del uso turístico de pisos de residencial habitual“, ha manifestado Collboni. Ha anunciado que en las próximas semanas se explicará el plan que el gobierno local tiene previsto poner en marcha para adaptarse al nuevo escenario. En este sentido, ha asegurado que se “reforzarán” los servicios de inspección porque “existe el riesgo de que el mercado ilegal aflore”. De la misma forma, ha señalado que en la capital catalana, cada más, se siguen desactivando entre 300 y 400 pisos turísticos ilegales.
26 promociones y más de 1.500 viviendas
La de Porta Trinitat es la 26ª promoción de inmuebles con servicios para personas mayores que el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos 20 años, lo que suma un total de 1.566 viviendas de estas características. A estos, hay que añadir cuatro promociones y 342 pisos más que se están construyendo actualmente en la ciudad. En total, el parque público de pisos con servicios para personas mayores llegará a cerca de 2.000 unidades. Aparte de las viviendas para personas mayores, esta promoción incluye 54 pisos de alquiler social que se entregarán próximamente, y ha supuesto una inversión de 17.952.246 euros.
La promoción se estructura en tres alturas diferentes, con 4 y 5 plantas por un lado, y de 11 plantas por otro, en el ámbito delimitado por la Ronda de Dalt y la avenida Meridiana. El volumen de 11 plantas es el que se encuentra más alejado de la Ronda y es donde se sitúan las 85 viviendas para personas mayores. Los 85 pisos son de un dormitorio y están pensados para que vivan una o dos personas. Los espacios comunes y las salas polivalentes para actividades de dinamización se encuentran en la quinta planta, en contacto directo con la zona ajardinada de la cubierta de uso comunitario. En la cubierta superior se sitúa la zona de lavandería comunitaria y huertos urbanos, y las máquinas de producción centralizada de aerotermia y placas fotovoltaicas.
