Finalmente, se han aprobado las ordenanzas fiscales para 2025 tras intensas negociaciones entre el PSC y Barcelona en Comú (BComú). Los nuevos acuerdos aseguran la reducción de las terminales de cruceros en el Puerto de Barcelona y establecen una fiscalidad más exigente para el sector turístico, en línea con las prioridades de sostenibilidad y convivencia urbana.
Un acuerdo tenso, pero decisivo
Las conversaciones entre el PSC y BComú estuvieron a punto de fracasar a principios de semana por desacuerdos sobre la construcción de una posible nueva terminal para cruceros de nueva generación. Esta propuesta, mencionada en un documento entre los intermediarios, fue considerada una “línea roja” por BComú, que advirtió que no apoyaría las ordenanzas si no se rechazaba explícitamente.
Sin embargo, este viernes, la presidenta del grupo municipal de BComú, Janet Sanz, ha anunciado un acuerdo con el PSC para reducir las terminales de cruceros de siete a cinco y evitar cualquier ampliación futura. “Con este compromiso, votamos a favor para que el sector turístico pague más y se preserve la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, ha afirmado Sanz.
Principales medidas fiscales
Las ordenanzas fiscales aprobadas incluyen:
- Incremento del recargo turístico: Se duplica la tasa turística municipal, que pasará de 4 a 8 euros. Esta medida se prevé que genere 200 millones de euros anuales.
- Fiscalidad progresiva para grandes propietarios: Se modulan impuestos como el IBI para reducir la presión sobre pequeños propietarios y aumentarla para los grandes tenedores.
- Medidas ambientales y de sostenibilidad: Se mantienen como punto principal las iniciativas sostenibles.
- Presión fiscal limitada para la ciudadanía: El gobierno de Collboni ha destacado que no habrá incrementos significativos en la fiscalidad de las familias barcelonesas, centrándose en sectores como el turismo y los servicios de lujo.
Reacciones políticas
El apoyo de ERC y BComú ha sido clave para aprobar las ordenanzas. Jordi Castellana (ERC) ha subrayado que estas medidas “multiplicarán por cuatro el Plan de Barrios y duplicarán, por ejemplo, la inversión en educación y movilidad”. Castellana también ha afirmado que el acuerdo para limitar las terminales de cruceros “ha sido postureo, porque era una medida real para la ciudad”.
En cambio, Junts, PP y Vox han votado en contra. Desde Junts han criticado que las ordenanzas “no responden a las necesidades económicas de la ciudadanía” y han afirmado que “el gobierno de Collboni no escucha”. El PP, por su parte, ha denunciado que Barcelona se consolida como “la ciudad más cara de España” y que las medidas perjudicarán a las familias con rentas bajas. Vox ha ido más allá, tildando las ordenanzas de “destralada” al turismo y a los sectores económicos clave.
Impacto político y futuro
No obstante la aprobación, el debate sobre el modelo turístico y la fiscalidad en Barcelona seguirá siendo un tema clave. A principios de enero, el consistorio deberá aprobar los presupuestos municipales, otra prueba de fuego para el gobierno del PSC.
Las ordenanzas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, apuntan “a una Barcelona más sostenible y fiscalmente equilibrada, con una carga más alta para los sectores que generan mayor presión turística y ambiental”. Queda por ver si este modelo conseguirá satisfacer las demandas de los vecinos y las necesidades económicas de la ciudad.