Un jurado popular empieza a juzgar este lunes en la Audiencia de Barcelona a la mujer que en mayo de 2021 mató a su hija de 4 años en Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
La fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable para la mujer. Lo acusan de asesinato con traición con la agravante de parentesco sobre víctima menor de 16 años. La niña murió a manos de su madre, que utilizó a la menor como herramienta para hacerle daño al padre.
Cristina R.E., confesó al juez que planificó durante meses cómo poner fin a la vida de la menor, y la asfixió tras drogarla con pastillas. El caso de la Yaiza generó debate público porque inicialmente no se registró legalmente como violencia familiar.
Durante el juicio, que durará hasta el martes 21 de mayo, declararán como testigos la madre de la acusada, que estaba en el piso en el momento de los hechos, la tía de la acusada, que encontró el cadáver, y el padre de la niña. También testificarán dos enfermeras del hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, donde fue ingresar la acusada tras los hechos y a los que la mujer dio detalles de los hechos, así como una trabajadora de la escuela de la niña y dos compañeras de trabajo de la acusada, que hablaron con ella el día de los hechos. Adicionalmente, habrá periciales psicológicas sobre la acusada, sobre llamadas y mensajes de voz y de texto relacionados con los hechos.
La acusada, que entonces tenía 35 años, había sido pareja del padre hasta 2019 y, desde entonces, la niña vivía en semanas alternas con su madre en el domicilio de su abuela materna, en Sant Joan Despí, de acuerdo con el régimen de custodia compartida. La noche del 30 de mayo madre e hija fueron a dormir juntas a la habitación que compartían después de decir buena noche a la abuela hacia las 21.30 horas.
La madre le suministró sustancias sedantes o tranquilizantes. Ya de madrugada, según las acusaciones, la procesada “atacó” a la niña asfixiándola. con la intención de matarla. La menor no tuvo ninguna posibilidad de defensa, porque estaba sedada, en una habitación cerrada y en manos de su madre, aseguran los escritos.
Según ella misma explicó, tras matar a la niña, llamó a la escuela para decir que la Yaiza no podría ir porque estaba enferma y también a su centro de trabajo, a la Clínica Platón de Barcelona, con el mismo argumento. Incluso dijo que sacó al perro a pasear.
En declaración en el juzgado de guardia por videoconferencia desde el hospital, donde estuvo ingresada tras supuestamente intentarse suicidar con pastillas, también indicó que tras los hechos llamó a un parking que utilizaba para decir que no lo quería renovar.
La mujer trabajaba en la Clínica Platón, de donde pudo sacar las pastillas sin ningún registro. Los Mossos d’Esquadra la detuvieron el mismo 31 de mayo por la tarde. Hacia las dos y media, los agentes recibieron un aviso según el cual en el piso había dos personas muertas, la niña y su madre. Cuando llegaron al lugar, los policías constataron que la hija estaba muerta, pero efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) pudieron reanimar a la madre.
La mujer fue traslada al hospital en estado muy grave. La hipótesis inicial era que la mujer había causado la muerte de la Yaiza con pastillas y luego se había intentado suicidar con el mismo método, pero ante el juez declaró que la había ahogado con una bolsa de plástico.
La procesada dejó varios sobres y manuscritos donde daba dinero a su madre, pedía perdón a su madre y a su abuela, y otro donde decía que el padre era “el culpable de todo esto”.
Además de la pena de prisión, las acusaciones piden 250.000 euros de indemnización para el padre y 150.000 en total para los abuelos paternos, así como el pago de los tratamientos psiquiátricos. La abuela materna ha retadoexplícitamente a la posible indemnización.
Las acusaciones solicitan que, si la mujer llega a ser excarcelada, lo haga en libertad vigilada: cinco años en el caso del ministerio fiscal, diez en el caso de la familia paterna. Las dos acusaciones solicitan también una orden de protección para que la procesada tenga prohibido acercarse o comunicarse con la familia paterna durante diez años tras salir de la cárcel.
A pesar de la confesión de la madre, su defensa niega el relato de las acusaciones, dice que no son delito y pide su absolución. Alternativamente le pide una pena inferior por la eximente de trastorno mental transitorio y miedo insuperable y los atenuantes de confesión y arrebato u obcecación. La mujer ingresó en prisión preventiva el 3 de junio de 2021.
