Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) alerta sobre la creciente inseguridad residencial que afecta a los inquilinos de las principales ciudades españolas. Según los datos, el 64,8% de los inquilinos de Barcelona y el 69,7% de los de Madrid destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y suministros, una cifra que refleja la presión económica sobre las familias e individuos inquilinos.
El informe, realizado entre octubre y diciembre de 2022 en Barcelona y entre los mismos meses de 2023 en Madrid, destaca que en uno de cada tres hogares de Barcelona los alquileres superan el 50% de los ingresos, una proporción que se incrementa hasta la mitad en el caso de las personas que viven solas. Este fenómeno, acompañado del aumento de los alquileres temporales y turísticos, genera una situación de “notable inseguridad residencial”, según IDRA, que reclama la limitación de este tipo de contratos para evitar que esquiven las normativas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El informe subraya la desprotección de muchos inquilinos, especialmente aquellos con contratos temporales, y revela que un 47% de los hogares no tienen la certeza de poder seguir viviendo en la misma vivienda durante los próximos seis meses. Este aumento de la temporalidad y la proliferación de alquileres de habitaciones y de temporada han aumentado la oferta de este tipo de alquileres en un 55%, mientras que los alquileres residenciales tradicionales han caído en un 15%, según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.
Otro de los aspectos preocupantes que destaca el estudio es el incremento de los alquileres por encima del IPC. En Barcelona, el 61,1% de los inquilinos que hace más de cinco años que viven en un piso han tenido que afrontar aumentos de alquiler superiores al IPC, una situación que afecta también a Madrid, aunque en menor medida (45,5%).
El IDRA también señala la alta rotación en el mercado de alquiler, con un 80% de los inquilinos de Barcelona que han tenido que cambiar de piso en los últimos cinco años, una tendencia que refleja la creciente “inseguridad residencial”. Este fenómeno afecta especialmente a las familias, con un 50% de los inquilinos de 35 a 64 años que han cambiado de piso en este periodo, incluyendo familias con hijos, una situación que tiene implicaciones negativas para la estabilidad familiar y escolar.
Finalmente, el informe también denuncia los “desalojos invisibles”, aquellos que no llegan a un proceso judicial, pero que se producen por presiones de la propiedad o por la no renovación de los contratos. Además, destaca que más de la mitad de las viviendas alquilados presentan problemas de habitabilidad, como humedades o problemas con las instalaciones de agua y electricidad.
Ante esta situación, IDRA insta a la implantación de contratos de alquiler indefinidos y a una regulación efectiva de los precios del alquiler, que esté alineada con la capacidad económica real de los inquilinos, para garantizar una mayor seguridad y protección para las personas que dependen del alquiler para acceder a una vivienda.