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Una familia de Mataró vive un auténtico despiste desde que decidió alquilar uno de sus inmuebles, hace más de tres años. El propietario del piso, Ramón, nunca habría podido imaginar que su decisión de alquilar se convertiría en una situación de acoso prolongada, que ha afectado no sólo a él y a su familia, sino también a los vecinos del bloque de viviendas.
Todo comenzó cuando Ramón, que acababa de trasladarse con su pareja y sus hijas pequeñas a una vivienda mayor, confió el alquiler del piso a una agencia inmobiliaria. El inquilino, un hombre de 58 años que se acababa de separar y que aparentemente tenía una situación económica estable, parecía una opción ideal. Sin embargo, después del primer mes de alquiler, el pago nunca llegó, y las cosas no tardaron en complicarse.
El desalojo del inquilino estaba inicialmente previsto para el verano de 2024, pero la situación de vulnerabilidad económica del inquilino hizo que el proceso se retrasara más de una vez. La falta de pago y su actitud convirtieron lo que habría sido un proceso burocrático sencillo en una auténtica batalla legal. Pero lo que empezó como una disputa económica pronto se transformó en un auténtico calvario para la familia y los vecinos del bloque.
Las amenazas y los daños a la propiedad comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Pintadas en las puertas, basura en las escaleras, fusibles robados y manipulaciones del ascensor fueron sólo algunas de las acciones de represalia que el inquilino realizó. Pero la situación empeoró considerablemente cuando comenzó a utilizar orina y excrementos para embrujar las entradas de las viviendas.
Además, el inquilino persiguió a la madre de Ramón mientras ella se encontraba en la calle. La mujer fue amenazada de muerte por el agresor, que llevaba una llave inglesa de grandes dimensiones. La situación acabó con la intervención de los Mossos d’Esquadra, que detuvieron al inquilino. Sin embargo, según han relatado vecinos de la zona, el inquilino regresó a su casa en pocas horas tras ser detenido.
El propietario del piso no sólo lamenta los daños causados por el inquilino, sino también el uso del sistema judicial por parte del inquilino, que ha presentado varias denuncias falsas contra él. “Es un estafador profesional”, asegura el propietario, que explica que estos recursos legales han servido para dilatar el proceso y, en algunos casos, para frenar las causas que él mismo había abierto contra el inquilino.
Con el miedo constante por su seguridad y la de su familia, Ramón espera que las órdenes de alejamiento tengan efecto y que el calvario finalmente acabe.
